Según el comunicado de prensa de la Contraloría General del Estado, se confirmó las glosas por irregularidades en los contratos de compraventa de arroz en la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), estas responsabilidades civiles suman USD 5´061.865 para funcionarios de la UNA y para empresas que suscribieron contratos de compraventa de arroz paddy a plazo, para exportación, durante noviembre de 2018 y julio de 2019.
Las 4 glosas fueron determinadas por despachos de arroz sin facturación, pagos no autorizados de transporte del producto, incumplimientos contractuales y ventas a precios inferiores a los establecidos, por parte de a UNA.
La glosa por el monto más alto representa USD 3’244.113 y fue determinada porque los administradores de los contratos autorizaron la entrega del producto a los compradores sin verificar que esté facturado y pagado, conforme el cronograma contractual, lo que hizo que no se cobren los dividendos de acuerdo a las tablas de amortización.
A su vez, el gerente general de la UNA habría establecido un precio inferior al oficial arroz paddy dentro de 10 contratos de compra venta del producto. Con respecto a ello, el gerente argumentó su decisión aludiendo a que en los sacos de 200 libras se detectó humedad e impurezas.
Luis Hernández, Liquidador de la Unidad Nacional de Almacenamiento, en entrevista con el diario EL PRODUCTOR sobre por qué se dieron estas irregularidades durante el periodo de 2018 y 2019, donde según el liquidados hubo una falta de control y falta de profesionalismo por parte de los funcionarios de ese momento, y ellos tendrán qué justificar por qué lo hicieron indicó.
Hernández añadió que estas acciones tuvieron consecuencias que hicieron que la UNA decreciera, ya que además de no dar el control debido, aceptaron un producto dañado que no estaba en las condiciones idóneas, “todas estas cuestiones están afectando hoy en día para el pago de pasivos, la Unidad Nacional de Almacenamiento está en liquidación, no tengo el suficiente flujo económico para poder pagar todos los pasivos generados o heredados por la administración” señaló el encargado de la liquidación de la UNA.
Los funcionarios implicados dentro de este caso pueden llegar a tener sanciones administrativas, sanciones civiles o el levantamiento de Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), sin embargo, esto ya quedaría en manos de la Contraloría General del Estado.
Por otro lado, Hernández habló también de la problemática de la “reserva estratégica” que se trata de un almacenamiento alimenticio para el país que, en caso de una catástrofe, esta reserva es la encargada de compensar el déficit alimenticio que pueda tener el Ecuador en ese momento.
Argumentó que la “Reserva estratégica” debería estar rotando o reservada, sin embargo, “en el allanamiento que nosotros solicitamos a la fiscalía pudimos constatar que no se encontraba en las bodegas, por eso hemos notificado al contratista quien se ha acercado a la empresa, ha dado fechas para la devolución del producto, pero hasta el momento no se han cumplido” indicó.
Este contrato fue establecido en el 2020 con la empresa Carozeli quien tenía en su momento como representante legal al señor Isidoro Martínez Velázquez.
Hernández destacó que este caso se encuentra actualmente en manos de fiscalía, quienes se están realizando el trámite correspondiente.
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 10 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»