Argentina inicia una gestión en Washington por las trabas al biodiesel

El canciller argentino Jorge Faurie confirmó el viaje de tres funcionarios argentinos a Estados Unidos para destrabar la cuestión de los altos aranceles que impuso el gobierno de Donald Trump a la importación de biodiésel argentino, por acusaciones de dumping.

“No es una negociación con plazo de fechas”, dijo Faurie quien adelantó que la intención de la negociación es lograr “un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes”.

“En este momento hay un equipo negociador en Washington llevando adelante las negociaciones”, confirmó el funcionario. Se trata de los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser; y de Comercio, Miguel Braun, y el subsecretario de Comercio Exterior, Shunko Rojas.

Los tres se sentarán a la mesa con Wilbur Ross, secretario de Comercio de Trump, y buscarán reflotar un negocio de 1.200 millones de dólares por año.

Propuestas

Según el portal Infobae la propuesta argentina se basa en una “fórmula de precios”: definir cantidades a un valor determinado. Y como es una investigación entre privados, será clave que la agrupación de productores norteamericanos la acepte. Es por eso que Luis Zubizarrieta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), también está en EEUU para estar cerca de las negociaciones.

Pero más allá de esta fórmula, el Gobierno argentino baraja otra opción que mantiene en bajo perfil. Como desde el 1 de enero de 2018 se produce un cambio en la estructura arancelaria, uno de los puntos de negociación sería la aplicación de retenciones al biodiésel. Por ahora, nadie habla de un porcentaje determinado, pero esto le permitiría al producto argentino entrar a EEUU con un precio superior.

Con todo, el objetivo máximo de este viaje es un “acuerdo de suspensión” que deje sin efecto las dos investigaciones privadas -por subsidios y dumping-, aunque los tiempos son acotados: el 6 de noviembre habrá otra definición sobre este tema por parte del gobierno estadounidense. Por esta fecha límite, el Gobierno plantea dos posibles resultados: el peor escenario es que no logre avances, y el mejor, es un acuerdo preliminar no definitivo con EEUU y las empresas privadas que alargaría los plazos para continuar negociando.