“Casa para Todos” requiere de $ 1.000 millones para arrancar

El éxito del programa depende del financiamiento que el Gobierno genere junto al sector privado. Las propuestas se entregarán hasta el 14 de febrero

El sueño de construir 325.000 viviendas en el país, en el lapso de 4 años, pasa por un doble desafío: lograr que el modelo de asociatividad entre el Estado y las constructoras privadas funcione para, a través de esa dinámica, conseguir los cerca de $ 7.000 millones que el plan total requiere para hacerse realidad. Este año, el reto inició con la recepción de propuestas que deberán presentarse hasta el 14 de febrero próximo. De allí se canalizarán los $ 1.000 millones que el programa requiere para terminar de arrancar.

La empresa pública Casa para Todos, que tiene a su mando este programa, proyecta para este año la construcción de hasta 60.000 casas. Las primeras 20.000 viviendas, dice Mario Burbano, gerente de la estatal, ya han empezado a construirse, tras la inversión de un capital de $ 500 millones. La meta, admite, es sumamente ambiciosa, pero confía en que el modelo de asociatividad, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, termine de consolidarse y genere los recursos que se requieren.

“Estas alianzas serán el eslabón fundamental para que esto funcione. Lo que estamos proponiendo es que en terrenos que le pertenecen al Estado nos asociemos para construir en ese suelo soluciones integrales, pero igual hemos invitado a que, en su propio suelo, ellos también desarrollen vivienda social dentro de sus proyectos”, dice Burbano, quien explica que aunque este tipo de acuerdos, a diferencia de las Alianzas Públicas y Privadas (APP), no ofrece incentivos tributarios, genera otros atractivos como el de permitir que el Estado llegue a convertirse en un gran cliente de ellos.

Este plan proyecta sacar al mercado viviendas de hasta $ 23.750, que serán financiadas por fuentes tradicionales del sistema financiero privado y estatal. Burbano cuenta que las primeras propuestas ya han empezado a llegar pero que están en fase de análisis. Entre ellas está la carpeta entregada por la constructora Covigon que ha puesto a la disposición del Estado su experticia y sus equipos para construir viviendas bajo el sistema de encofrado, que permitiría al Gobierno generar casas en serie con una mayor eficiencia en costos, uno de los elementos que, a criterio de Virgilio Gonzenbach, gerente de la compañía, este plan requiere. Gonzenbach señala que, en el caso de ellos, el área de interés está en el cantón Milagro, donde tienen la capacidad de llegar a generar más de 1.000 viviendas al año.

En un momento en que el sector de la construcción continúa de capa caída, la ejecución de este plan es un gran aliciente para los constructores; no obstante, hay expectativa por cómo este proyecto arranque. Que el Gobierno asegure parte de los recursos económicos que se requieren es una preocupación, pero para Marcelo Bodero, un experto jurídico en temas de alianzas, también es necesario fijar bien las bases. Habla de la necesidad de aclarar al inversionista la forma en cómo se firmarán estos contratos y los modelos jurídicos más viables que podrá utilizar. La recomendación de Bodero es que esta asociatividad se establezca directamente entre las empresas privadas y las empresas públicas de los diferentes municipios y no necesariamente con la empresa pública Casa para Todos, que es la que encamina el plan per se. “Es la empresa pública de la circunscripción territorial la que tiene también un gran valor agregado que ofrecer: es la que maneja la tramitología y la que puede mejorar los tiempos”, dice.

Para Gonzenbach, involucrar a los municipios es la forma correcta, porque eso les ayudaría a obviar una serie de dificultades. “Nosotros normalmente en el desarrollo inmobiliario, además de planificación debemos prever el tiempo de la gestión que se requiere hacer con municipios, Medio Ambiente, Bomberos y otras entidades que, en algunos casos se toman hasta año y medio para dar permisos o resolver trámites. Esta alianza permitiría que el municipio sea parte actuante y que se obvie el tiempo que es importantísimo. Solamente eso ya sería un gran avance”.

Burbano dice que todavía es posible. Asegura que el programa contempla modelos jurídicos que no serán un limitante; todo lo contrario, podrían adaptarse a la realidad de pequeños municipios que no cuentan con empresas públicas o que no tienen terrenos para ofrecer. Su prioridad, admite, se centra en la inmediatez con la que se consiga el financiamiento, porque de eso dependerá el avance de este gran proyecto que pretende cubrir hasta un 60 % del déficit de viviendas que hay en el país.

Cifras del sector

La meta

El plan gubernamental prevé construir 325.000 casas en cuatro años.

60.000 viviendas se proyecta entregar este 2018

Este año

Unas 20.000 casas ya han empezado a edificarse, bajo un costo de $ 500 millones.

60 % de las soluciones estarán en área rural

Vivienda social

Cerca de 200.000 casas estarán ubicadas en áreas rurales.

Gratis y copago

191.000 serán gratuitas, mientras que 134.000 tendrán un coste mínimo.

$24.000 es el costo máximo por unidad

Financiamiento

El Gobierno ha invertido $ 500 millones, pero necesitará $ 1.000 millones adicionales.

$7.000 millones, el costo de la obra total

Cobertura

Con este plan, el Gobierno prevé cubrir el 60% de déficit de vivienda en el país.