Cinco proyectos para reformar la Ley del Banano pasaron por la Asamblea en los últimos seis años. Ninguno prosperó

El banano es el segundo producto de exportación no petrolera del Ecuador. En el 2022 las exportaciones de la fruta cerraron con $ 3.268 millones. Sin embargo, pese a la importancia de este producto, su comercialización aún se rige por una ley que está en vigencia desde hace 26 años, cuando el negocio bananero tenía otra dinámica.

José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), cita cifras de 1994, tres años antes de la entrada en vigencia de la Ley del Banano. A mediados de los noventa, alrededor del 68 % de la exportación la manejaban tres empresas exportadoras: Bananera Noboa (34,84 %), Ubesa (17,16 %) y Reybanpac (8,68 %); el resto, el 39,32 % de la fruta, la embarcaban 126 empresas restantes.

Ahora existen más de 277 empresas exportadoras.

“Antes, quien manejaba el barco manejaba el negocio, la industria cambió, ahora está mucho más dividido a nivel de diversificación”, expresa Hidalgo, quien añade que también cambió la estructura de los mercados. En 1994 el mayor porcentaje de mercado lo tenían Estados Unidos (25,09 %) y en Europa (41,41 %), pero para el 2022 esa participación cayó al 9,37 % y 25,88 %, respectivamente.

Para Hidalgo y otros actores del sector, la ley es la responsable de esta pérdida de competitividad. “Nos han ganado mercado nuestros países vecinos como Colombia y Centroamérica; y justamente debido al exceso del marco normativo que ha tenido el sector bananero”, justifica el director ejecutivo de AEBE.

Sin embargo, que la ley siga siendo la misma por casi tres décadas no ha sido por falta de propuestas para reformarla, aunque sí de voluntad política para concretar las modificaciones.

Solo en los últimos seis años, en la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional reposan cinco proyectos de ley enfocados en regular, consolidar y reformar la normativa del sector.

En el sistema de la Asamblea aparece que dos de esos proyectos, de 2017 y de 2018, están en trámite (difusión para el segundo debate); uno del 2019 está en revisión en el Consejo de Administración Legislativa (CAL); otro del 10 de enero del 2022 está en revisión en la Comisión para el primer debate, al igual que el último proyecto presentado el 8 de septiembre del año pasado.

Diario EL UNIVERSO consultó más detalles de estos proyectos a la vicepresidenta de la Comisión, Lucía Placencia, quien reveló que desde el 2017 se unificaron varias propuestas de leyes sobre la materia de comercialización del banano y se trabajó en un proyecto de ley que cuenta con informe para segundo debate que fue aprobado por la Comisión en el periodo anterior, en el 2018, pero que desde entonces no ha sido puesto en el orden del día.

“Este proyecto tenía algunas líneas rojas para el Gobierno anterior, como el tema del levantamiento de la prohibición de nuevas áreas de siembra, en donde se propuso que sea la Asamblea la que autorice esto, previo el pedido sustentado del presidente de la República. Esto hace que sea un trámite algo burocrático y poco flexible”, manifiesta Placencia, quien explica que “como es una ley del periodo anterior no rigen las normas actuales de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) que establecen plazos para poner en el pleno”.

Gremios de exportadores bananeros conocen de estos proyectos. Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (Acorbanec), indica que incluso en los dos últimos (2022), el gremio comentó a la Comisión que la normativa no se ajustaba a la realidad de la comercialización del negocio.

Salazar expone una razón fundamental: el 55 % del destino de la exportación del banano es a mercados que compran en spot, que es la venta de contado y el precio se cierra cada semana, puede ser alto o puede ser bajo.

En el 2023, por ejemplo, el precio spot promedio, de la semana uno a la nueve, se situó en $ 10,1 por caja de banano, muy por encima del precio mínimo de sustentación ($ 6,50). Esta venta informal, porque no figura en la Ley que obliga a los productores y exportadores a firmar contratos para sacar la fruta, ha sido más evidente este año en que la mayoría de los productores se negaron a firmar contratos para vender a precios spot.

“Ya se está vendiendo en spot, pero se está vendiendo de manera informal y queremos darle la formalidad”, expresa Salazar, quien dice que incluir el precio spot es una de las principales reformas que debe incluir la nueva Ley.

Hidalgo corrobora esta necesidad al asegurar que las exportaciones ecuatorianas crecieron en otros mercados que no son de contrato, que son más volátiles como Medio Oriente y Rusia, que se rigen con precios spot.

Placencia está al tanto de los pedidos de los gremios bananeros en cuanto a la modalidad de contratos.

Otro aspecto que solicitan, agrega la Vicepresidenta de la Comisión, es que se pueda levantar la prohibición de la siembra del banano solo de forma excepcional en caso de que hubiera alguna plaga que afecte a la fruta, como por ejemplo el Fusarium raza 4; y permitir excepcionalmente áreas para nuevas siembras que darían una oportunidad a los productores de empezar en un terreno limpio hasta que se pueda eliminar la plaga de las tierras contaminadas.

Por otro lado, desde el sector productor, Franklin Torres, presidente de la Federación de Bananeros del Ecuador (Fenabe), asegura que no han sido invitados por la Comisión a tratar algún proyecto de reforma a la Ley del Banano, pero cree que no es cierto que la Ley sea inaplicable.

“La Ley no es el problema, sino el incumplimiento permanente del sector comercializador y la inobservancia de parte de las autoridades de turno del Ministerio de Agricultura que, con excepción de los actuales funcionarios, todos los anteriores han sido ciegos, sordos y mudos ante la permanente violación de la Ley del Banano vigente”, critica el dirigente, quien afirma que el Proyecto del 2018, que fue presentado por Carlos Falquez Batallas, fue socializado y discutido en dos debates y sin embargo se lo archivó.

Placencia descarta que la Comisión avance con el proyecto que se aprobó para un segundo debate en el 2018. “Desde entonces han transcurrido cinco años y muchas cuestiones han cambiado y sería prudente trabajar en una nueva normativa que responda a las circunstancias actuales”, aconseja la vicepresidenta de la Comisión.

Salazar recuerda que la posibilidad de esta nueva normativa se trató con el exministro Bernardo Manzano, y espera que el proceso continúe con el nuevo secretario de Estado, Eduardo Izaguirre.

“Efectivamente, con el ministro Manzano habíamos venido hablando de la posibilidad de hacer una reforma a la Ley del Banano y con el ministro actual igual, porque estaba de viceministro en esa época, creo que la comunicación sigue igual”, dice el titular de Acorbanec. (I)