COLOMBIA: Antes de vender su finca, deberá notificar al Estado

En el marco de los avances de la Reforma Agraria en Colombia, el Gobierno Nacional anunció un nuevo lineamiento que marca un giro en la regulación del mercado de tierras: los propietarios rurales deberán notificar al Estado antes de realizar la venta de sus fincas o terrenos agrícolas. Esta medida busca garantizar que el acceso a la tierra se oriente hacia la justicia social y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria del país.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, explicó durante su intervención ante el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Gustavo Petro, que esta acción es clave para evitar el acaparamiento, proteger suelos fértiles y priorizar la adjudicación a campesinos que históricamente han sido excluidos de la propiedad rural.

El Estado tendrá prioridad de compra

Con este nuevo modelo, cuando un propietario quiera vender una finca, deberá informar previamente al Gobierno, que tendrá la posibilidad de ejercer un derecho preferente de compra. Esto permitirá al Estado adquirir predios estratégicos y destinarlos a familias campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, en el marco de la Reforma Agraria.

“Este no es un modelo de expropiación. Es una política de ordenamiento del mercado de tierras que busca distribuir de manera justa y racional el uso del suelo”, afirmó la ministra Carvajalino. “Queremos evitar que se sigan vendiendo tierras productivas a proyectos especulativos o extractivos, mientras millones de campesinos siguen sin un pedazo de tierra para trabajar”.

• Decreto 33 de 2025: Este decreto establece que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene la opción privilegiada de compra de predios aptos para la Reforma Agraria. Según el artículo 31 de la Ley 160 de 1994, el propietario debe notificar al Estado antes de la venta, y la ANT tiene 15 días hábiles para manifestar su interés en adquirir el predio.

Suelos protegidos y uso agrícola eficiente

En su intervención, la ministra reiteró que Colombia tiene un potencial agrícola superior a las 14 millones de hectáreas, pero solo cinco millones están efectivamente en producción. En contraste, 30 millones de hectáreas están destinadas a la ganadería extensiva, lo que, según Carvajalino, representa un uso ineficiente y ambientalmente insostenible del suelo.

Por eso, el Gobierno ha avanzado en la delimitación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), ubicadas en zonas clave como el sur de La Guajira, el suroeste de Antioquia y la Sabana Centro de Cundinamarca. Estas áreas estarán blindadas contra la urbanización descontrolada y otros usos no alimentarios.

“La Reforma Agraria no es asistencialismo. Es una política de justicia social que impulsa el crecimiento económico del país”, afirmó la ministra. Según los datos presentados, el sector agrícola ha mostrado un repunte sostenido, atribuido directamente a las decisiones del Gobierno de priorizar la producción rural y revalorizar el trabajo campesino.

Finalmente, Carvajalino reiteró: “Quien quiera vender tierra debe saber que el Estado está interesado en adquirirla para ponerla en manos de quienes producen alimentos y sostienen la vida rural. Esa es la verdadera transformación”.