El fenómeno climático podría generar las billonarias pérdidas al propiciar un alza en las tarifas de energía, impulsar la inflación y afectar el crecimiento económico.
Colombia se prepara para enfrentar un nuevo episodio del fenómeno de El Niño, con una probabilidad superior al 95% de consolidarse durante el segundo semestre de 2026 y una posibilidad de hasta 81% de alcanzar una intensidad “muy fuerte”.
De acuerdo con un análisis de la firma de consultoría Logox Conocimiento e Inteligencia, basado en cifras del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Banco de la República, el Ideam y otros organismos, el impacto económico podría superar los $12,69 billones entre pérdidas de productividad laboral y mayores costos en energía y servicios públicos.La estimación contempla hasta $10,69 billones en pérdida de productividad laboral entre julio de 2026 y febrero de 2027, equivalentes al 0,57% del Producto Interno Bruto (PIB), además de cerca de $2 billones adicionales asociados a mayores costos en electricidad, gas y agua.
El informe advierte que los antecedentes muestran que los eventos más severos de El Niño generaron pérdidas equivalentes a entre 0,55% y 0,6% del PIB, afectando al agro, la generación de energía y el ingreso de los hogares.
Antecedentes con alto costo
Por ejemplo, durante el fenómeno de 1997-1998, considerado uno de los más fuertes registrados, la Cepal estimó pérdidas cercanas a US$564 millones, equivalentes a aproximadamente 0,57% del PIB de ese momento.
Posteriormente, entre 2015 y 2016, el DNP calculó pérdidas por alrededor de $3,1 billones en sectores productivos, equivalentes a 0,6% del PIB. A esto se sumaron $1,6 billones destinados a la atención de emergencias y $476.000 millones por afectaciones forestales derivadas de incendios.
La información disponible evidencia un patrón consistente, cuando El Niño alcanza una intensidad “muy fuerte”, sus efectos económicos trascienden el impacto climático y afectan el crecimiento del país.
Golpe a la productividad laboral
El Consejo Colombiano de Seguridad proyecta que el componente más afectado durante el nuevo episodio será la productividad laboral. Las pérdidas estimadas ascienden a $10,69 billones, de los cuales $8,95 billones, equivalentes al 84% del total, recaerían sobre trabajadores informales, mientras que el sector formal asumiría alrededor de $1,74 billones.
Esta distribución convierte la informalidad laboral en uno de los principales canales de transmisión del impacto económico, debido a que millones de trabajadores carecen de mecanismos de protección frente a una reducción de ingresos ocasionada por las altas temperaturas y la disminución de la productividad.
El análisis también identifica los sectores con mayores pérdidas proyectadas, siendo las actividades agropecuarias las más perjudicadas con $1,93 billones, seguidas de comercio y reparación de vehículos con $1,85 billones y actividades artísticas y entretenimiento con $1,01 billones (ver gráfico). Y por regiones, Bogotá concentraría cerca de $1,42 billones en pérdidas de productividad.
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Tarifas enfrentarían presión
Uno de los principales riesgos proviene del sistema eléctrico colombiano. Alrededor del 66% de la electricidad del país se produce con fuentes hídricas, por lo que una disminución en los niveles de los embalses obliga a incrementar la generación térmica, cuyos costos son superiores y dependen del suministro de gas natural.
Ese cambio en la matriz de generación presiona las tarifas eléctricas, incrementa los costos de producción para las empresas y termina trasladándose al precio de bienes y servicios.
Corficolombiana estima que el PIB del sector eléctrico crece, en promedio, 0,6 puntos porcentuales menos durante los años de El Niño, mientras que en eventos intensos la desaceleración puede alcanzar 0,8 puntos.
El estudio también revisa el comportamiento del costo económico asociado al desperdicio de energía entre 2015 y 2024. Tras el Súper Niño de 2015-2016, el valor del desperdicio energético descendió 18,3% en 2017, pasando de $4,13 billones a $3,38 billones, la única reducción observada durante la última década.
Sin embargo, con el episodio fuerte de 2023-2024, el costo alcanzó un máximo histórico de $6,630 billones.
Los datos muestran que los años dominados por El Niño tienen un costo promedio de $5,03 billones, mientras que los años dominados por La Niña promedian $4,62 billones, aproximadamente 9% menos. Entre 2015 y 2024 el costo económico del desperdicio energético aumentó 70%.
El análisis concluye que El Niño no incrementa necesariamente las pérdidas físicas de energía, pero sí actúa como un multiplicador económico al elevar el precio de cada kilovatio hora desperdiciado, debido al mayor uso de generación térmica y al incremento de la demanda provocado por las altas temperaturas.
Inflación y política monetaria
El estudio proyecta que el fenómeno podría aportar hasta 3,26 puntos porcentuales adicionales a la inflación durante los seis meses posteriores al evento. Este escenario ocurre en un contexto en el que el Banco de la República aún busca que la inflación converja hacia su meta del 3%, mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) prevé que el crecimiento económico colombiano se desacelere hasta 2,4% en 2026 y 2,1% en 2027.
Los antecedentes respaldan esta preocupación. Durante el episodio de 2024, el agro y el sector eléctrico crecieron 0,3 puntos porcentuales menos que en un escenario neutral, reduciendo 0,04 puntos el PIB nacional. Además, la inflación de alimentos aumentó 0,9 puntos, hasta cerrar en 5,3%, frente al 5% apreciado un año antes. En eventos históricos de alta intensidad, la inflación de alimentos ha llegado a ubicarse 3,9 puntos porcentuales por encima de lo normal.
Por último, el reporte identifica una debilidad adicional para la formulación de políticas públicas. De los nueve episodios de El Niño ocurridos entre 1997 y el actual, únicamente los eventos de 1997-1998 y 2015-2016 cuentan con estudios oficiales consolidados sobre su impacto económico nacional.
Los fenómenos ocurridos entre 2002 y 2019 carecen de una medición pública integral, lo que dificulta construir modelos predictivos robustos y limita la capacidad del país para cuantificar con precisión los costos de la variabilidad climática.
PUBLICADO POR: https://www.elcolombiano.com/
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