Descalce del BCE llegó a 6.658 millones de dólares a fin de año; reforma busca correctivos

El Banco Central del Ecuador cierra el año 2020 con un descalce en su balance de $ 6.658 millones. Mientras sus compromisos llegan a $ 13.854 millones, la Reserva Internacional (RI), que se encuentra en un banco de Suiza, alcanza los $ 7.196 millones, es decir, cubre apenas un 52 %. Así se reporta en el Boletín Monetario Semanal del Banco Central. Si se tomara en cuenta solo la cobertura de los fondos públicos, el porcentaje se elevaría al 79 %.

Estas cifras revelan una mejor situación que la que se vivía a finales del Gobierno pasado, cuando las obligaciones de la entidad, en ese entonces totalmente sometida a las directrices del Ejecutivo, estaban en $ 9.900 millones, mientras la RI alcanzaba apenas los $ 2.790 millones, es decir, apenas cubrían un 22 %. Esto representaba en dólares un descalce de $ 7.110 millones. En porcentaje de fondos públicos llegaba al 52 %.

El descalce se generó de manera exponencial en los diez años del correato, tras la pérdida de autonomía del ente exemisor. Antes de perderla, en septiembre de 2008, había un pequeño descalce de $ 454 millones, aún manejable.

A pesar de que en 2018 ya se dio una reforma que prohibía la entrega de facilidades de liquidez al BCE, en los próximos días el Gobierno se apresta a enviar a la Asamblea una reforma al Código Monetario y Financiero, que se considera una Ley de Defensa de la Dolarización, cuyo objetivo es blindar al Banco Central de prácticas similares a las del anterior Gobierno. Esto es parte de los compromisos del Gobierno con el FMI.

La propuesta se coloca en el centro del debate, sobre todo porque a pocos días de las elecciones existen ciertas tendencias que hablan de ordenar las finanzas, pero otras que consideran posible traer una parte del dinero de Suiza para obsequiarlo y otros que han planteado entregar una renta universal a los ciudadanos a través de la emisión de dinero electrónico. Ambas propuestas no congenian con la intención del Gobierno de blindar al BCE de la intervención del Ejecutivo.

Es que el Gobierno anterior consideraba que podía disponer de ese dinero, aunque este no le pertenecía, pues le había sido confiado al BCE por parte del público (depósitos de bancos y dineros del IESS) y del sector público (incluyendo banca pública, GAD, empresas públicas y la Cuenta del Tesoro).

Augusto de la Torre, miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno, explica que la propuesta de ley parte del simple hecho de que el BCE tiene dólares que no son de él, sino del Gobierno, de los bancos, de los depositantes. Por eso el deber del BCE es custodiar bien esos dólares. Por ello, en la ley se establece una clara posición de que el BCE no debe financiar al fisco.

Para Marcos López, representante del presidente de la República en la Junta de Regulación, la regla de oro de la dolarización es que por cada dólar que el BCE recibe del público o del sector público debe tener un dólar de reserva. La ley tiende a ello, aunque tardarán años en recomponerse las cuentas del BCE.

Marcos López, quien fue por varios años miembro del directorio del BCE, antes de que este perdiera su autonomía, recuerda cómo esa pérdida de autonomía devino en una pérdida del patrimonio y en la generación de un descalce millonario en los sistemas del Banco Central. Una de las primeras decisiones tomadas fue quitarle al Banco un bono AGD o bono 9817 por $ 1.200 millones, que era parte de los activos. La decisión fue que lo entregaran a valor cero al Ministerio de Finanzas. En ese momento lo que se quería lograr era tener espacio para endeudarse más, sostiene. Si bien lograron dicho espacio, la anulación de ese bono generó una condonación de esa deuda a los banqueros.

También descapitalizaron al Banco Central, al entregarle el Banco del Pacífico, que le pertenecía al BCE, a la CFN. Se lo afectó en $ 350 millones más. Luego hicieron una serie de normativas para manejar la liquidez de los bancos y obligar a que exista en el país liquidez doméstica, que al final fue para créditos del Gobierno. Adicionalmente, bajo la premisa de que el BCE estaba muy líquido o tenía excedentes de liquidez, le empezaron a pedir facilidades de liquidez. Todo ello generó un proceso de emisión inorgánica de dinero por parte del BCE, incompatible con la dolarización. Esa cuenta pronto creció de $ 500 millones a $ 7.000 millones.

Funciones, sistemas y directores se topan en la ley para el BCE

El Banco Central en dolarización no tiene política monetaria, pero sí tiene un papel importante en el manejo de los depósitos públicos, manejo de reservas, sistema de pagos y en el manejo de la liquidez con prudencia. Este es uno de los temas que se aclaran en la propuesta normativa. También hay cambios importantes en el tema de la gobernanza, a fin de que sea menos politizada. Ahora tenemos una Junta con gran presencia del Ejecutivo, dice.

Se creará un directorio de cinco miembros, dos de ellos a tiempo completo, de los cuales uno será el presidente. Los miembros del directorio eligen al gerente. Los directores serán sugeridos por el presidente de la República, a través de ternas, pero la Asamblea los nombrará definitivamente.

En la propuesta de ley se vuelve al concepto de los balances o sistemas que tenían distintos niveles de prelación de pago. Esto porque en el tiempo de Correa se eliminaron las líneas divisorias que existían y que evitaban que, por ejemplo, el Gobierno pagara sueldos con parte del encaje de los bancos.