Detectan residuos tóxicos no permitidos en el 23% de los alimentos brasileños

Un estudio elaborado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, vinculada al Ministerio de Salud, informa que tras analizar 4.616 alimentos de uso común, procedentes de supermercados de 77 ciudades del país, se detectaron residuos tóxicos prohibidos o por encima de lo permitido en el 23% de ellos. Los productos testados incluían piña, lechuga, arroz, ajo, zanahoria, naranja, mango, pimiento, tomate y uva.

Casi la mitad de las muestras analizadas (49%) no presentaron restos de pesticidas y en otro 28% los que se detectaron estaban dentro de los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias brasileñas. Sin embargo, en el 23 % restante hubo "inconformidades" al detectarse la existencia de sustancias no permitidas para el cultivo de ese alimento en específico, lo que ocurrió en la mayoría de esos casos (17,3%).

También se registraron algunos ejemplos con restos tóxicos por encima de lo permitido por la ley (2,3%) y en muy pocos casos (0,5%) se localizaron residuos cuyo uso está prohibido en el país.

"Existe un número elevado de inconformidades. Es necesario ampliar las acciones de educación con el productor" con vistas a "ampliar el uso correcto de los pesticidas", señaló Adriana Pottieri, gerente de Seguimiento y Evaluación del riesgo de Anvisa, en declaraciones recogidas por el diario O Globo. No obstante, la entidad resaltó en el reporte que estas irregularidades "no implican, necesariamente, riesgo" para la salud del consumidor.

Según el estudio, menos de un 1% de las muestras recogidas (0,89%), es decir, 41 de 4.616, presentaron un potencial "riesgo agudo" para la salud. En un 90% de esas 41 muestras se detectaron restos de carbofurano, principio activo de algunos pesticidas y que está prohibido en Brasil desde abril de 2018.

En julio pasado, Anvisa aprobó un nuevo marco regulatorio para evaluar y clasificar los "agrotóxicos" en el país y establecer cambios en la forma de identificar los mismos. La mayor economía de Sudamérica adoptó así normas como las que rigen en países de la Unión Europea y de Asia, con el objetivo de aumentar la comercialización de los productos nacionales en el exterior.

El agronegocio fue uno de los puntos clave y más problemáticos en el acuerdo firmado este año entre el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la UE después de dos décadas de negociaciones.