Ecuador: 100% de depósitos estará respaldado desde 2026

El proyecto de Ley de Crecimiento Económico prohíbe que el Banco Central financie directa o indirectamente al Gobierno central o a entidades públicas.

La cobertura de los depósitos en las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador (BCE) pasó del 93% en noviembre de 2008 al 28% en mayo de 2017.

La razón: se permitió que el BCE invierta en el Ministerio de Finanzas y en la banca pública, sin hacer los ajustes necesarios, cuando los ingresos - sobre todo petroleros-, empezaron a disminuir. Reformas legales de 2009 quitaron autonomía al BCE para tomar decisiones de política monetaria y permitieron esas operaciones.

Ahora, con el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, se busca devolverle esa independencia al Central. Verónica Artola, gerenta del BCE, define a las reservas internacionales como “la sangre que recorre la economía”, pues son indispensables para mantener la dolarización y la liquidez.

“Si hay problemas en la reserva internacional hay problemas para cumplir las obligaciones internas y externas del país”, explicó en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Las reservas internacionales se nutren de fondos públicos y privados.

Cuando en 2019 empieza a sentirse un déficit en la balanza de pagos, la anterior administración optó por tomar el dinero de las reservas para cubrir sus necesidades de financiamiento. “Los recursos fueron para gasto corriente y no para reactivar la economía”, explicó Artola. Así, entre 2008 y 2016 se elimina la regla de los cuatro sistemas del balance del BCE, que garantizaba la cobertura de los fondos de las entidades de intermediación financiera, sociedades financieras, Sector Público no Financiero y de otras cuentas del BCE.

También se eliminaron el Directorio de la entidad, las reglas de gasto y los Fondos de Ahorro . En cambio se facultó al BCE realizar inversiones domésticas y adquirir títulos del Ministerio de Finanzas. Ahora, con el fin de recuperar esas reservas y proteger la dolarización, “estamos empeñados en que el BCE tome sus decisiones de manera autónoma, que no utilice dinero de manera artificial”, afirmó la gerente.

¿Cómo lograr esa autonomía?

La reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero plantea directrices para lograr ese objetivo. Se propone la eliminación de los artículos 124 y 125 del Código, que permiten al BCE invertir los excedentes de liquidez de la economía en entidades del sector financiero público, a través del plan de inversión doméstica.

Mientras que se propone especificar, en el Artículo 56, la prohibición de financiar directa e indirectamente al Gobierno u otras entidades públicas (ver infografía). También se plantea retomar la “Regla de Respaldo”.

Esta sostiene que todos los activos líquidos de la reserva internacional cubran uno a uno los depósitos tanto del sector privado como de la economía popular y solidaria. Artola indicó que esta regla se podrá ejecutar al 100% a partir de 2026, de acuerdo con el plan de pagos que se mantiene con la banca pública ($ 2.300 millones en acciones) y con el Ministerio de Finanzas ($ 2.800 millones).

Otra reforma en cuanto a las autoridades del BCE plantea la conformación de un Directorio, compuesto por cinco miembros, que tome las decisiones en materia monetaria de manera autónoma.

A pesar de que serían nombrados por el Presidente de la República, hay ciertos parámetros para distanciarlos del poder. Por ejemplo, que ocupen su cargo durante seis años para que no coincida con el periodo presidencial y que no hayan tenido acciones en la banca o en una cooperativa por al menos un año antes de ingresar al Directorio.

Para reforzar la autonomía se señala que ninguna institución podrá inferir en las decisiones del cuerpo colegiado del BCE. “Ni Presidente, ni Ministro de Finanzas, ni la Junta Financiera, ni actores privados, podrán inferir en esas decisiones”, afirmó Artola. Para Manuel Ramos, director general del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, la decisión de tener un Banco Central independiente es fundamental para la conducción de la política económica de un país.

“El Gobierno está sujeto periódicamente a elecciones, por lo que podría tomar decisiones que son mejores a corto plazo, pero costosas a largo plazo. Un Banco Central no está sujeto a este tipo de presión”.