El plazo que tiene la Asamblea Nacional para aprobar el proyecto económico urgente vence el próximo 27 de noviembre.
La Asamblea Nacional, este 16 de noviembre, concluyó el primer debate del proyecto de Ley urgente de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal, planteado por el Ejecutivo y que pretende una recaudación de $ 1.900 millones con la implementación de nuevas cargas impositivas para personas naturales y jurídicas, así como contribuciones especiales sobre los patrimonios.
El legislador Francisco Jiménez (CREO) fue el ponente del proyecto del Ejecutivo y aclaró que la contribución especial única temporal sobre el patrimonio afectará únicamente a unas 6.000 personas, pues ningún contribuyente con un patrimonio menor a un millón de dólares deberá pagar.
En torno a las sociedades, Jiménez indicó que por dos años las mayores empresas del país con un patrimonio mayor a $ 4 millones, esto es, 2.300 empresas, pagarán una contribución especial.
Respecto a los impuestos de las personas, dijo que este afectará a quienes ganen un sueldo superior a los $ 2.500 mensuales, y aclaró que se mantiene el sistema de deducción de gastos personales en $ 10.000.
Pabel Muñoz, del movimiento UNES, cuestionó la reforma y aseguró que la propuesta no es para la reactivación económica, tanto es así que de parte del Ministerio de Economía se tiene una expectativa de crecimiento menor a la obtenida en el 2021. Con esta nueva ley no se crearán nuevos empleos, afirmó.
Que la normativa plantea contribuciones para empresas y sociedades con una diferencia de $ 4 millones, y que las reformas al impuesto a la renta son una puñalada en los bolsillos de la clase media del Ecuador, porque se cambia la forma de cálculo y se elimina de las deducciones.
Indicó que hay una reforma que podría desprender un conflicto de intereses, pues cómo puede ser que se pretenda quitar incentivos al ámbito productivo y se plantee un incentivo al capital especulativo financiero y bancario, para que las inversiones de corto plazo queden exonerados del impuesto a la renta.
Cuestionó que se plantee la eliminación del impuesto a las herencias, así como se plantee la regularización de los capitales que están fuera del país, en medio del debate que se ha dado por las empresas offshore.
El legislador César Rohón (antes de PSC) advirtió que se debe tener cuidado con la reforma del Ejecutivo porque no se puede afectar el bolsillo de la clase media, pues aseguró que el 76 % de los contribuyentes está en el segmento entre $ 2.000 y $ 3.500, pues hay que guardar el equilibrio para seguir manteniendo la formalidad de la economía.
Manifestó que esta ley tiene que cumplir con la legalidad, pues reveló que hubo irregularidades en la aprobación del informe sin haberse debatido y que 150 páginas se aprobaron sin leerlas, donde se modificó la tabla impositiva y que contiene varios faltas ortográficas y errores de sintaxis.
Puso en duda que esta reforma generará reactivación económica y empleo, pues aseguró que se prioriza la recaudación.
El coordinador de Pachakutik, Rafael Lucero, anunció varias observaciones al proyecto que espera que se recojan en el texto del segundo debate. Manifestó que el proyecto no debe afectar a las personas que poseen ingresos justos para cubrir la canasta básica y tampoco afectar a la clase media a través de una tabla de contribuciones. Planteó que se eleve la tabla de deducciones en el área de salud.
Respecto a la contribución sobre el patrimonio individual, Pachakutik propone incrementar al 2 % el pago, considerando que la ley debe garantizar el principio constitucional de progresividad y proporcionalidad.
En torno al régimen impositivo voluntario único temporal para la regulación de activos en el exterior, el legislador Rafael Lucero indicó que no es posible que la regulación del capital en el exterior sea voluntaria, y que se fije una contribución del 3,5 %, por lo que ese sector político propone que ese impuesto sea del 5 %.
El legislador de Galápagos por el PSC, Pedro Zapata, planteó el archivo del proyecto pues dijo que no está de acuerdo con las reformas aplicadas a la Ley Especial de Galápagos, pues a su criterio es improcedente ampliar a 20 años la operación turística en las islas, sin consultar a los galapagueños.
Que esta reforma, que generosamente pretende entregar el Gobierno, beneficia a las grandes empresas que ya ni siquiera son nacionales, sino transnacionales.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, consideró suficientemente debatido el proyecto por lo que cerró la sesión. La propuesta del Ejecutivo regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. El plazo que tiene la Asamblea para aprobar esta ley vence el 27 de noviembre próximo.
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 9 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»