La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) firmaron un Memorándum de Entendimiento que marca un punto de inflexión para el sector acuícola ecuatoriano, al establecer una hoja de ruta orientada a acelerar la electrificación de las camaroneras, fortalecer la infraestructura energética y promover inversiones que impulsen la competitividad de una de las principales actividades exportadoras del país.
El acuerdo es el resultado de más de seis meses de trabajo técnico entre la CNA, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei), Sustainable Shrimp Partnership (SSP), el Ministerio de Ambiente y Energía, Arconel y CNEL, instituciones que desarrollaron un diagnóstico para identificar los principales obstáculos que limitan el acceso a energía eléctrica en las zonas de producción acuícola.
Actualmente, menos del 10 % del sector camaronero ecuatoriano opera con energía eléctrica, mientras que alrededor del 90 % continúa dependiendo del diésel para el funcionamiento de sus sistemas de bombeo y aireación, una realidad que incrementa los costos de producción y reduce la competitividad frente a otros mercados.
Una hoja de ruta para transformar la matriz energética
Como resultado del diagnóstico, se diseñó una hoja de ruta con 16 acciones estratégicas, estructuradas en cuatro ejes que buscan modernizar el sistema energético del sector acuícola.
El primer eje contempla el fortalecimiento regulatorio y la conectividad eléctrica, mediante la estandarización de los procesos de conexión, la creación de un Comité Técnico Sectorial y la actualización de normas relacionadas con nuevas cargas de alta potencia y la inyección de excedentes de energía.
El segundo eje está orientado a optimizar la infraestructura crítica y facilitar la ejecución de proyectos, agilizando convenios, mejorando la articulación entre los sistemas de transmisión y distribución e incorporando mecanismos como créditos energéticos y contratos bilaterales de suministro.
En el tercer eje se plantean medidas para garantizar la sostenibilidad tarifaria y simplificar la gestión ambiental, incluyendo contratos diferenciados según la demanda de potencia, la revisión de la normativa de autogeneración y la implementación de una ventanilla única que reduzca la tramitología entre instituciones y gobiernos autónomos descentralizados.
Finalmente, el cuarto eje impulsa inversiones estratégicas para fortalecer la infraestructura eléctrica mediante financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), además del desarrollo de proyectos piloto de Distritos Autónomos de Energía en zonas productivas como Durán, Posorja e Isla Puná.
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