El proyecto de Ley de Tierras y Territorios Ancestrales que trata la Asamblea Nacional de Ecuador y que será discutido este jueves, busca garantizar la redistribución de la tierra productiva, el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; la legitimidad del uso y usufructo en estos territorios y la participación social y resolución de conflictos.
Uno de los objetivos de la normativa, que se empezó a tratar en enero de 2015, es mejorar la producción, respetar la propiedad y crear mecanismos y estímulos para aprovechar la tierra que no se está trabajando adecuadamente.
Los legisladores ecuatorianos calificaron al tratamiento de la ley como “histórico”, puesto que en el Ecuador desde 1990 se espera una normativa que permita la revolución agraria y que ponga fin al tema de los latifundios en el Ecuador.
Previo al segundo debate, que inició el pasado 17 de diciembre, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Legislatura, realizó un proceso de consultas prelegislativas, en las que se recogió las propuestas de la ciudadanía para elaborar la normativa y en la que participaron más de 600 organizaciones sociales y campesinas. Después se realizó la socialización de los resultados.
Como resultados de las consultas, el 97,3% de organizaciones participantes “aceptan y están de acuerdo con los temas sustantivos que se incorporan en el articulado de la ley”, según consta en el informe para segundo debate.
Además, se estableció que se requiere una normativa para la atención prioritaria de la agricultura familiar campesina y de pequeños y medianos productores “que les provee de tierras productivas, crédito accesible, asistencia técnica y capacitación para la producción, infraestructura de riego, y resolución de conflictos en tierras rurales”.
Para ello, la ley establece la creación de una Autoridad Agraria que será la instancia que se encargue de regular y coordinar las políticas en materia de tierras y de garantizar la Soberanía Alimentaria. Adicional a ello se creará el Fondo Nacional de Tierras y se establecen facilidades en los créditos e incentivos en la producción para los campesinos.
En el texto también se propone la expropiación de predios rurales, cuyas tierras estén desaprovechadas. En cuanto a la redistribución, el Estado pretende garantizar el acceso a la tierra productiva a las personas que se encuentran dentro del sector de la economía popular y solidaria, en especial organizaciones campesinas y, finalmente, queda prohibida la concentración de tierras rurales con fines de especulación, comercialización o monopolio.
El asambleísta opositor por el Partido Social Cristiano, Franco Romero, en declaraciones al canal local Ecuador TV, manifestó que además de aplicar la ley adecuadamente, desde el Estado se debe garantizar una adecuada capacitación al sector agropecuario y créditos para que se desarrollen los campos del Ecuador.
Según Miguel Carvajal, titular de la comisión, la ley mejora las condiciones de gobernabilidad del sector rural ecuatoriano, sobre todo en las tierras estatales”.
En la ley se establece también la prohibición de que existan latifundios y concentración de tierras, aunque no existe un parámetro técnico que determine lo primero. Para Mauro Proaño, vicepresidente de la comisión, no hay forma de hacer un estudio técnico o científico para determinar las hectáreas de tierra debido a la zona geográfica en la que se ubica el Ecuador.
“El Ecuador es tan diverso y tiene una variable que no tiene Brasil, que no tiene Estados Unidos, que no tiene Argentina, que es la altitud y cuando hay altitud y una cordillera que nos cruza, la diversidad de producto es tan alta que tener 200 hectáreas en el páramo es igual que tener cinco en el valle bajo”, precisó.
Además, la normativa que contiene 132 artículos contempla la creación de un Consejo Consultivo en el que participarán todas las organizaciones sociales. A decir del legislador Carlos Bergmann, eso apunta a buscar la soberanía alimentaria.
En cuanto a la inversión extranjera, la ley prevé que las empresas públicas extranjeras en garantía de la soberanía alimentaria, no podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo, tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria.
Establece que podrán participar en asociación con empresas públicas nacionales o compañías de economía mixta, donde el Estado tenga la mayoría accionaria y la propiedad de la tierra, así como en asocio con propietarios privados o comunitarios, en proyectos agrarios de interés nacional y previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional.
Fuente: Andes | ElProductor.com
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 9 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»