Ecuador continúa con el el proceso de renegociación de su deuda pública

El gobierno ecuatoriano continúa con el proceso de renegociación de su deuda pública en el marco de la crisis sanitaria que padece el país por el coronavirus, causante de la enfermedad covid-19.

A inicios de junio, en una conferencia virtual con los medios de comunicación, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez dijo que uno de los objetivos generales de la reestructuración es proveer liquidez de corto plazo; reducir substancialmente las necesidades de financiamiento en el mediano plazo; y, reestablecer la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo.

“Reducir las necesidades brutas de financiamiento, al 6% del PIB, en promedio, entre 2025 y 2030”, forman parte de los objetivos del país en el proceso de negociación, mientras que la relación deuda sobre el PIB llegue al 55% en el 2025 y al 45% en el 2030.

Ecuador seguirá el cronograma establecido en el proceso de reperfilamiento de la deuda con los tenedores de bonos. Inicialmente se aplazó el pago de intereses de estos compromisos hasta el 15 de agosto de 2020, obteniendo un alivio fiscal de $ 811 millones. Hasta esa fecha se prevé renegociar y reestructurar esta deuda.

Se tiene previsto presentar una propuesta para el mercado a finales de junio o comienzos de julio de 2020. “La solicitud de consentimiento es un planteamiento formal del Ecuador a los tenedores de Bonos sobre ciertas características: el pedido de no pago de intereses hasta el 15 de agosto para negociar de manera ordenada la deuda a largo plazo”, expresó Martínez en videoconferencia con medios de comunicación.

El analista económico, Gonzalo Cedeño, comentó que es necesaria una pronta negociación de la deuda ecuatoriana para evitar la moratoria que sería “perjudicial”, especialmente cuando el país es uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus.

“Al país le urge quedar bien y debe hacer todo lo posible para no perder la opción a solicitar más crédito”, refirió. Cedeño comentó además que las acciones tomadas por el Gobierno en la lucha contra los actos de corrupción reflejan el compromiso del país por mejorar y eso lo pone "en una situación ventajosa y de buena imagen" ante los organismos internacionales de crédito.