Ecuador: Corte de Imbabura resuelve acción de protección a favor del Bosque Protector Los Cedros

La Corte de Justicia de Imbabura aceptó la acción de protección a favor del Bosque Protector Los Cedros, ubicado en la provincia de Imbabura, en el noroccidente de Ecuador.

Además, se dispuso como medida de reparación que el Ministerio del Ambiente y Agua ofrezca disculpas públicas a las comunidades del área de influencia del proyecto minero Río Magdalena, ubicadas en el sector Llurimagua, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

La resolución judicial se basa en el hecho de que se vulneró el derecho constitucional a una consulta ambiental a la población del área de influencia del proyecto minero Río Magdalena, que se proyectaba realizar en su jurisdicción.

El recurso fue interpuesto por Jomar Cevallos Moreno durante su gestión como alcalde de Cotaccahi, y Jhesica Liseth Almeida Herrera, procuradora Síndica municipal.

Las especies que alberga el Bosque Protector Los Cedros, según la comunidad,  corren el riesgo de ser afectadas por dos concesiones otorgadas por la Empresa Nacional Minera del Ecuador a la firma canadiense Cornerstone Capital Resources Inc., en diciembre del 2017.

Este proceso está en la fase de exploración inicial. Esta reserva natural alberga 6.400 hectáreas (ha) de bosque montano y húmedo tropical primario, que alberga 317 tipos de aves como halcones, águilas, loros, búhos, tucanes, el gallito de la roca andino, el colorido quetzal de cabeza dorada y más de una veintena de colibríes.

Además, en el lugar nacen las vertientes de cuatro ríos: Manduriaco, Verde, Los Cedros y parte de la cuenca del Magdalena.

La sentencia de la Corte reconoce los derechos de la naturaleza y evidencia la necesidad de proteger estas fuentes de agua para consumo humano y los últimos remanentes de bosque en el noroccidente del país, que proveen lluvias para la población cuyo sustento de vida es la agricultura, indicó el Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne).

La resolución respalda el  derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado amenazado por proyectos de megaminería metálica. También "se evidencia la vulneración del  derecho a ser consultados sobre actividades que puedan afectar nuestro entorno", indicó la organización.