Ecuador: El proyecto Río Blanco lleva más de un año paralizado

La zanja de un metro que desde mayo del 2018 bloqueaba el paso vehicular en la vía San Pedro de Yumate-Río Blanco, en la parroquia cuencana de Molleturo (Azuay), ya fue rellenada. Pero por ese acceso de lastre, que conduce hacia el proyecto minero Río Blanco, no pueden transitar todos.

Esta vía principal se encuentra habilitada solo para los pobladores de esta zona; los trabajadores de la empresa minera Ecuagoldmining, que está a cargo del proyecto Río Blanco, no tienen acceso.

Desde hace más de un año, esta firma china no puede ingresar al campamento y mucho menos a la mina, ubicada pocos kilómetros más arriba, porque un proceso legal, impulsado por un grupo de antimineros, paralizó este proyecto. Ellos cuestionan que en Río Blanco no se ha hecho una consulta previa a las comunidades y que la mina afecta a las fuentes de agua de la zona.

El Gobierno y Ecuagoldmining tienen una posición contraria. Sostienen que no se ha demostrado la supuesta contaminación de los recursos hídricos. Además, con la consulta popular de febrero del 2018 se solventó el pedido de las comunidades. Todo esto ha generado tensiones en el sector aledaño al campamento de Ecuagoldmining.

Aunque desde abril pasado se habilitó el tránsito por la vía San Pedro de Yumate-Río Blanco, un grupo de personas en contra de la minería mantiene como trinchera la entrada a Yumate, por donde se accede a la mina. Ahí se observan grandes carteles con varias leyendas que muestran el rechazo al proyecto minero.

Para controlar el paso de la gente, en ese punto se instaló un tubo metálico rojo atado a una soga. La estructura sirve como una improvisada barrera vehicular. “Estamos en alerta. Por esta vía no pasará ningún carro ni trabajador de la empresa china”, expresó Manuel Pacheco, habitante de Yumate. Cada domingo, el sitio también es el punto de encuentro de comuneros que buscan conocer las novedades que se presentan en la zona.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables presentó en septiembre pasado una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, para que se levanten las medidas interpuestas por cortes de primera y de segunda instancias. Así, la Cartera busca levantar la suspensión del proyecto y retomar las actividades en Río Blanco, mencionó Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. “Creemos que las condiciones que generaron las sentencias, en las instancias anteriores, han sido satisfechas”, expresó.

El Gobierno se refiere a que hubo ya un pronunciamiento en la consulta popular del 2018, cuando se preguntó al país sobre el desarrollo minero y que el plebiscito fue validado por una instancia judicial. Para Yaku Pérez, procurador legal del proceso en contra de Río Blanco y prefecto de Azuay, estos argumentos no tienen sustento. Ansía que la Corte confirme la suspensión del proyecto.

“Estamos esperando también los resultados de un examen especial sobre este proyecto, que pedimos a la Contraloría”. Mientras esto se resuelve, Ecuagoldmining tiene expectativas de que el Gobierno pueda reactivar Río Blanco, que se encontraba en la etapa de explotación. En el área se construía el acceso a la mina subterránea para luego extraer el oro y la plata.

En promedio, se estima que en Río Blanco hay reservas por 0,61 millones de onzas troy de oro y 4,31 millones de onzas troy de plata. Según la Cámara de Minería del Ecuador (CME), antes de la suspensión faltaban solo seis meses para que la firma empezara a extraer metales preciosos, pero se detuvo. Aquello implicó que el Estado dejara de percibir el año anterior USD 57 millones de ingresos por la exportación de minerales de esa mina.

Este año, en cambio, se esperaban USD 59 millones más. Por la paralización del proyecto, la compañía china se vio obligada a despedir a trabajadores a fines de septiembre del 2018. La nómina se redujo de 225 personas a 24. Estos últimos se dedican a actividades netamente administrativas en las oficinas en Cuenca, informó Ecuagoldmining. Laura Quizhpe, habitante de la comunidad vecina de Cochapamba, conoce de cerca esa realidad, su esposo fue obrero en Río Blanco.

“Casi todo el personal fue despedido y mi pareja tuvo que regresar a la agricultura”. Desde entonces, la familia subsiste con lo que produce la tierra. Ellos cultivan ocas y hortalizas en una pequeña parcela. Ermelinda Criollo, otra moradora, contó que los comuneros a favor de la minería, que son quienes se beneficiaron de la actividad, soportan permanente hostigamiento de grupos que se oponen a esta. Por eso, según Criollo, algunos de sus vecinos vendieron sus propiedades y se marcharon, como fue el caso de Ángel Guayllas. Él -recordó- tenía una propiedad de casi 3 hectáreas, es ingeniero agrónomo y trabajó para Ecuagoldmining, pero se fue a vivir a otro sitio.