El argumento del Gobierno sobre el 0,02 % de empresas que no han sido afectadas por la crisis del COVID-19 y por ende son las que hasta este 11 de septiembre deben cancelar el adelanto del impuesto a la renta (IR) de este 2020 es refutado por el sector empresarial que asegura que no existen contribuyentes que no hayan sentido el impacto de la pandemia.
Esto, después de que la noche del viernes pasado la Corte Constitucional estableció la constitucionalidad del Decreto 1137 que emitió el presidente Lenín Moreno el 2 de septiembre y que fue publicado en el suplemento del Registro Oficial un día después, por lo que ya entró en vigencia.
El decreto establece la recaudación anticipada de este tributo para el 0,02 % de los contribuyentes que no se vieron afectados por la pandemia y generaron utilidades en estos meses, ellos deberán cumplir con el anticipo. En total se espera recaudar $296,3 millones.
Al respecto, Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y de la Cámara de Industrias de Guayaquil, recuerda que todos los sectores productivos están encadenados: “El primario, con el industrial, comercial y los servicios; hacia atrás y hacia adelante; sin importar el tamaño de las empresas, las micro con las pequeñas, medianas y grandes empresas”.
“Debe entenderse de una vez por todas que la dinámica productiva es así y aquella frase de que 'el que pague más impuesto es el que más tiene' tiene sus limitantes económicas y sociales ya que muchas veces la incidencia de los impuestos redistributivos termina minando la capacidad productiva de la sociedad en su conjunto”, analiza Costa.
Añade que el impacto es generalizado y que se refleja claramente en la caída de las ventas locales y de exportación; y asegura que entre marzo y junio 2020 serían $19 865 millones menos (-31 % respecto del mismo periodo 2019).
Costa enseña cifras nacionales que reflejan que de marzo a julio pasado el sector primario cayó el 14 % con $935 millones menos que el periodo del 2019. Asimismo, la industria manufacturera cayó el 27 % ($2 579 millones), comercio el 34 % ($9 718 millones), construcción 55 % ($902 millones) y servicios el 34 % ($5 732 millones).
Critica además la forma adoptada por el régimen para el cobro. “Cómo es posible que una empresa consiga liquidez en una semana que se le da para cumplir con el pago. Nos parece que no hay consideración a la grave crisis que se está viviendo en las empresas que son las que generan plazas de trabajo”, lamentó la presidenta del CEE.
Por su parte, Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador y de la Cámara de Comercio de Guayaquil, asegura que las empresas a las que se pretende cobrar el anticipo son justamente las que más empleo adecuado generan, el 39,4 % del total.
Arosemena añade que la caída de las ventas y la falta de apoyo al sector privado están destruyendo el empleo. Cita las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que revelan que la tasa de desempleo se triplicó al aumentar de 3,8 % en diciembre 2019 a 13,3 % en junio 2020.
“El anticipo del impuesto es pasar la factura de años de mala política económica a un grupo de empresas que han hecho lo posible para subsistir durante la pandemia”, reclama Arosemena, quien señala que una empresa que tenga utilidad contable no significa que tenga liquidez.
En tanto, Eduardo Egas, presidente ejecutivo de la Corporación de Promoción de Exportaciones e inversiones (Corpei), coincide con Costa al asegurar que todas las empresas han sido afectadas por la pandemia y asegura que la medida tomó por sorpresa a los empresarios, tanto por la insistencia en la misma como por el demasiado corto plazo para cumplir una decisión inesperada.
“Todas las empresas, sin importar su tamaño, se están jugando su sobrevivencia ante todos los cambios que ha traído la pandemia. Unas han muerto ya; otras seguramente morirán en el intento; y otras sobrevivirán, pero quedarán bien heridas”, menciona Egas.
Sin embargo, indica que “tranquiliza saber que este nuevo desangre de liquidez” tiene atado el compromiso de destinar lo recaudado a financiar los gastos de salud. Eso hace menos doloroso el sacrificio, pues estará destinado a salvar vidas”, sostiene.
Al respecto, Costa advirtió que los gremios estarán vigilantes de que los valores que se espera recaudar efectivamente se utilicen para pagar los servicios en salud brindados por Solca en todas sus provincias y la Junta de Beneficencia de Guayaquil, así como otras deudas que tiene el Estado con instituciones privadas de ese sector.
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 8 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»