ECUADOR: Ley de derechos animales se debate entre tradición, producción y bienestar animal

Según informó la página web de la Asamblea Nacional, La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional no logró los votos necesarios para aprobar el texto final del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, normativa impulsada a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, que en su momento dispuso a la Defensoría del Pueblo la elaboración del proyecto con la participación de colectivos defensores de los derechos de los animales y de la naturaleza.

Pese a la falta de consenso dentro de la comisión, el proyecto continúa su proceso legislativo, y será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional, conforme a lo establecido en el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Esto ocurre debido a que el plazo legal para que la comisión se pronuncie ha expirado sin que se apruebe un texto final.

El pasado 10 de mayo, el tratamiento del proyecto en segundo debate fue suspendido, conforme al inciso octavo del artículo 61 de la LOFL, para que la Comisión de Biodiversidad analizara las observaciones presentadas por los legisladores durante el debate en el Pleno. Para ello se estableció un plazo máximo de ocho días.

Durante el período legislativo anterior, el proyecto fue objeto de un amplio proceso participativo, en el cual se recogieron aportes de sectores vinculados a la defensa de derechos, colectivos animalistas, académicos, productores, entre otros actores. En total, se recibieron 48 propuestas y contribuciones por escrito.

La propuesta original, elaborada por la Defensoría del Pueblo, incluía disposiciones que generaron controversia, ya que, según se indicó, desconocían actividades culturales tradicionales, como las peleas de gallos, y establecían restricciones que podían afectar ciertos sectores de la actividad productiva.

Ahora, será el Pleno de la Asamblea Nacional el que decida el futuro de esta iniciativa, en una deliberación que deberá equilibrar los principios de protección animal, derechos culturales y sostenibilidad económica.