Ecuador: Los impuestos encarecen las tarifas de telefonía móvil un 90%

Entre tasas y contribuciones generales y específicas, en el sector se paga 46% de los ingresos al Estado. Eso hace más caro el precio al público.

Para el 20% de la población más pobre ecuatoriana -que gana alrededor de $110-, una canasta de consumo baja (500 megabytes de datos) representa el 15% de su ingreso mensual, aproximadamente. Asimismo, una de consumo intermedia (2 gigas) cuesta cerca del 22% de ese ingreso.

En este contexto, la mayor parte de la población tiene serias dificultades económicas para acceder a una adecuada conexión de telefonía móvil. Según un estudio de la GSMA (organización de operadores móviles), el principal factor que impide reducir costos es la alta e ineficiente carga de impuestos.

Los precios más caros están en Ecuador

Ecuador registra la tasa móvil más alta (14% de los ingresos totales), en una muestra que incluye a República Dominicana (12%), Argentina (10%), Brasil (7%), Perú (4%), Colombia (4%), México (3%), El Salvador (2%) y Guatemala (0%).

“Esto se debe, en gran medida, a los altos pagos por el uso del espectro y regulatorios que, en conjunto, representan el 42% de los impuestos totales pagados por el sector”, dice el estudio.

En concreto, en tributos generales se paga 21% de IVA, 6% de aranceles, 14% de impuesto a la renta y 12% de otros. En tributos específicos se cubre 21% de pagos recurrentes por uso de espectro, 21% tasas regulatorias y 5% de Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

Jorge Cevallos, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador (Asetel), explicó que tenemos los segundos costos de espectro más caros de la región, luego de México. “Todo eso tiene una implicación directa en los precios a los usuarios finales”, dijo.

La Ley no se cumple

En promedio, el costo por 1 giga llega a los $3,24. Según Cevallos, si se cumpliera la ley y se redujera la carga de impuestos, las tarifas pueden reducirse hasta un 90%; es decir, llegar a $0,324 como precio mínimo.

“El enfoque en recaudar tiene efectos en la disponibilidad de los servicios y el costo de estos. Los presupuestos que podrían destinarse a invertir, a instalar más radiobases, a aumentar la cobertura 4G, se van hacia la caja pública”, puntualizó el representante de Asetel.

A finales de 2019, dentro de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, se aprobó la modificación del artículo 54 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Si se aplicara lo aprobado, las tarifas ya podrían haberse reducido sustancialmente, tal vez no en el 90%, pero si un 45% o 50%.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomienda que los cobros deben limitarse a montos que sirvan para cubrir los gastos operativos de la Agencia de Regulación y Control.

“Hemos pagado más de $300 millones para un fondo de servicio universal, que debería servir para expandir la conectividad. Hay suficiente dinero, no solo para expandir la cobertura a las parroquias donde no hay ningún tipo de conexión, sino para dar gratuitamente hasta los dispositivos”, aseguró Cevallos.

Ese fondo para servicio universal se alimenta del 1% de la facturación anual de las tres compañías operadas en el país. Sin embargo, los recursos se han ido en gasto corriente sin relación con las telecomunicaciones. (JS)

Sin política pública

Jorge Cevallos, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador (Asetel), comentó que la reducción arancelaria, anunciada por el ministro de Producción, Julio José Prado, contribuye a reducir costos, pero no mejora los problemas estructurales de competitividad del país.

“El tema estaba bien para los años setenta del siglo pasado. Es importante y hay que profundizarlo, pero asumiendo que todos quedan en cero, el país tampoco estaría en capacidad de competir frente a procesos productivos que tiene incorporados un alto factor tecnológico. Nosotros no tenemos visto ni siquiera una política de 5G”, acotó

Sin embargo, Cevallos aseguró que, a pesar del poco apoyo estatal, la cobertura del 4G es mayor de lo que se dice; incluso asegura que se llega al 56% de los usuarios con teléfono inteligente. Esto contradice lo que dijo la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, que aseguró que esa tecnología solo llega a las dos principales ciudades (Quito y Guayaquil) y a un par más de poblaciones medianas.