Una acción que pretendía dejar sin efecto los permisos que tiene la compañía Fertilizantes Granulados (Fertigran), con los cuales opera Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), el segundo más grande de la ciudad, ha quedado denegada.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) decidió ratificar la legalidad y legitimidad de la resolución que otorgó el permiso de operación a Fertigran, que mantiene una asociación con Inarpi, operadora de TPG.
Con ello, la cartera de Estado denegó la pretensión de Contecon, el concesionario del puerto estatal, que cuestionó los permisos emitidos en julio del 2017 a su mayor competidor en el mercado portuario.
Contecon acudió a la figura de la insinuación para que se revise el acto administrativo que dio paso a ese permiso, que avala la operación de muelles de graneles y multipropósitos localizados en el estero Santa Ana, en la isla Trinitaria.
La concesionaria de origen filipino alegó que el acto administrativo que contiene el permiso era contrario a la Constitución y a la ley, y a su vez adujo que se vulneró el procedimiento, al no haber sido notificada con la resolución que, a su criterio, era obligatoria al ser la compañía un tercero interesado y eventualmente afectado.
Desde que los puertos privados, en especial TPG, comenzaron a agarrar parte de la carga que movía el puerto estatal, Contecon comenzó a visibilizar más sus cuestionamientos por la aplicación diferenciada de regímenes jurídicos que tiene el puerto concesionado y las terminales que operan en los esteros.
Los ingresos por ventas de Inarpi (operador de TPG) llegaron en el 2019 a $ 97,90 millones, muy cerca de los $ 111,50 millones de Contecon, según datos de la Superintendencia de Compañías.
Como parte de sus alegatos para defender sus permisos, Fertigran indicó que la resolución de julio del 2017 era una simple actualización del permiso de aprovechamiento que ya tenía.
Eduardo Carmigniani, abogado que llevó el caso de Fertigran, explicó que esa resolución solo consolidó una serie de permisos que tenía desde el 2004. "La resolución no creó un derecho o recién un permiso, era una consolidación de todos los permisos antiguos", dijo.
El análisis jurídico que realizó el MTOP concluyó que la resolución de los permisos de Fertigran se adecúa plenamente a la Constitución y a la normativa sectorial aplicable.
Además, estimó que el permiso tiene por objeto la actualización y consolidación de autorización y permiso de operación del muelle multipropósito a favor de Fertigran, es decir, que no se trata de la constitución de derechos originarios ni alteración de estos.
"Como inversionista extranjero, la Resolución 111-2020 sorprende de manera negativa y genera una alta inseguridad jurídica en el país, al comprobar que una entidad pública, en este caso el MTOP, omite totalmente las conclusiones del procurador general del Estado, máxima autoridad jurídica del sector público", señaló José Antonio Contreras, gerente de Contecon.
El directivo de Contecon consideró que la resolución "mantiene una situación de ilegalidad y no de competencia". "La compañía usará todas las posibilidades jurídicas para corregir esta situación", agregó.
Carmigniani señaló que la decisión del Ministerio es final.
El dato
Contecon alcanzó este mes los 12 millones de TEU (volumen equivalente a contenedores de 20 pies) movilizados desde el inicio de sus operaciones en el 2007.
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 7 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»