El bloqueo político reduce las posibilidades de que el Gobierno cumpla con promesas como la generación de 2 millones de empleos y $3 mil millones en exportaciones nuevas hasta 2025.
La Ley de Inversiones, que era la segunda gran reforma del Gobierno de Guillermo Lasso luego de la tributaria, fue rechazada y archivada con 87 votos de bloques legislativos como Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik e Izquierda Democrática (ID).
El principal argumento para ese rechazo fue que esa ley representaba la privatización indiscriminada de activos y servicios públicos. Pero, de acuerdo con la economista Norma Izurieta, la realidad era que la iniciativa del Gobierno buscaba generar un nuevo marco normativo y mayores facilidades a la inversión privada, para que ayude a cerrar la brecha de infraestructura y la deficiencia en la calidad de servicios.
“La posibilidad de las
Alianzas Público-Privadas (APP), o la delegación de administración y gestión a privados, ya está abierta en el país desde la constitución de Montecristi. Además, la Ley de Correa en 2015 también avala esas modalidades, pero de forma ineficiente y burocrática”, dijo.
Los efectos
A pesar de la negativa de la Asamblea, la
gestión delegada a la
inversión privada (falsamente llamada privatización) todavía es posible, pero con un marco legal que ha mostrado ser poco efectivo.
Un primer efecto es que la meta de que capitales privados aporten, hasta 2025, con al menos $10.000 millones para construcción y mejoramiento de carreteras se verá seriamente reducida, en el mejor de los casos, a menos de $5.000 millones.
La diferencia deberá ser cubierta, en la medida de lo posible y de manera parcial, desde la inversión pública, pero para eso se necesitará más endeudamiento. Los buenos precios del petróleo, aunque duraran todo el periodo presidencial, no alcanzarán para financiar todo lo que se necesita para la vialidad, así como para la mejora de infraestructura sanitaria, educativa, medios de transporte, conectividad, entre otros proyectos.
El ministro de Producción, Julio José Prado, aseguró, durante una entrevista con Diario La Hora, que el plan b del Ejecutivo es continuar con la agenda de más acuerdos comerciales, más eventos Ecuador Open for Business y el aprovechamiento de la figura del contrato de inversión.
Sin embargo, la negativa al
proyecto de Ley impediría cumplir con metas como los 2 millones de
nuevos empleos hasta 2025 y un
crecimiento económico de al menos 3% anual.
Pérdidas en exportaciones
Otro aspecto importante de la fallida ley era el impulso a las
Zonas Francas, que son espacios para producir y luego exportar a menores costos. Esas zonas han sido desaprovechadas e incluso desalentadas en el país.
Sonsoles García, presidenta de la Comisión de Política de Comercio Exterior e Inversiones (ICCEC), explicó que la Ley de Zonas Francas fue derogada en 2010 a través del Código de la Producción. “Las que han sobrevivido lo han hecho con batallas constantes por la falta de institucionalidad que vive el Ecuador”, puntualizó.
Por eso, la iniciativa de Lasso buscaba relanzar un proceso que ha provocado aumentos importantes de exportaciones en otros países de la región: República Dominicana ($6.200 millones), Costa Rica ($5.700 millones), Uruguay ($5.000 millones) y El Salvador ($3.200 millones).
Actualmente, en Ecuador, las exportaciones por Zonas Francas generan $277 millones; pero la meta era producir más de $3.000 millones adicionales cada año con los incentivos y facilidades que se pretendían implementar en la Ley de Inversiones.
Esa pérdida de ingresos y de impuestos para el país no toma en cuenta las afectaciones a empresas pequeñas y medianas, que ya no serán tomadas en cuenta como proveedoras de las compañías extranjeras que se espera atraer hasta 2025.
La afectación en tributos no recaudados podría llegar a más de $1.500 millones en los próximos tres años. Ese monto es equivalente a lo necesario para cumplir con el aumento salarial al magisterio durante ese mismo periodo. (JS)
Otras oportunidades que se cerraron
Dentro del
sector de telecomunicaciones, el Gobierno pretendía incluir el concepto de Sandbox regulatorio. Ese mecanismo habría permitido que los prestadores de servicios de telecomunicaciones y proveedores de tecnologías de la información y comunicación pudieran establecer producciones experimentales sin tantos requisitos y tramitología.
Además, se reducía de meses a días el tiempo requerido para obtener autorización para implementar nuevas tecnologías en la industria.
Por otro lado, las reformas al mercado de valores, a través de más controles y transparencia, buscaban evitar que se repitan operaciones fraudulentas como las que provocaron pérdidas de millones en la cartera de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
Finalmente, un aspecto poco discutido y conocido, es que la Ley de Inversiones incluía incentivos tributarios y otro tipo de facilidades para el fomento de la industria audiovisual en el país.
Jorge Ulloa, director y co-fundador Touché Films, aseguró que esas nuevas condiciones tenían el potencial de equiparar la competitividad del sector audiovisual nacional con respecto a otros países de la región como Colombia.
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 9 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»