El agro pide agilidad y transparencia en la entrega de porte de armas y un sistema judicial recto

El sábado 1 de abril, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en cadena nacional, medidas urgentes para enfrentar la inseguridad que vive el país, entre esas, la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos.

Uno de los sectores que más requiere una seguridad efectiva, según los entrevistados, es agropecuario debido a la lejanía de las fincas a un puesto de control policial.

Para Vinicio Arteaga presidente de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo de los Tsáchilas, ASOGAN, en este momento el tema principal no es el porte de armas, el tema principal es que el sistema judicial es fallido, “Unos de los mayores inconvenientes en este momento es que el sistema judicial libera a los delincuentes, parece que se elaboró para proteger a los delincuentes, dándoles medidas sustitutivas, eso quiere decir que el que roba o mata tiene 23 causales para estar en su casa y los que trabajamos para alimentar a Ecuador no tenemos protección, es contrario a la razón natural."

Argumentó que Santo Domingo es una provincia que se ha visto muy atacada por la delincuencia con el aumento del abigeato y robo en los momentos de ir a la venta de ganado, donde los productores y comerciantes son atacados.

“Hemos venido insistiendo en que se dé fluidez a la renovación y porte de armas, ya que con muchísima dificultad hemos conseguido los permisos, con este decreto que se emitió el 707, estamos totalmente de acuerdo, pero estamos expectantes de cómo se van a desarrollar las reglamentaciones y los requerimientos, como es que las fuerzas armadas regularan y pondrán los requerimientos, esto aún queda en expectativa, así como el tiempo para que esto suceda” añadió.

Recalcó que ojalá puedan tener derecho a la legítima defensa, como lo dice la carta Magna, que hoy no tenemos ninguno de los ecuatorianos.

El decreto es muy claro en que podremos importar las armas, esperamos que esto se cumpla.

Finalmente, pidió a los ganaderos unirse para pelear por los derechos, “este decreto es necesario, pero no es suficiente” anotó.

Por su parte, para Carlos Encalada, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, este anuncio, es un paso grande que se está dando, “las zonas rurales son las más inseguras porque la distancia que tiene un policía para llegar a un recinto es más complicada que en la ciudad. Lo que se necesitaba era la voluntad, con la nueva ley y derogamientos de los anteriores decretos, ahora si podemos armarnos cumpliendo con todos los requisitos, que esperamos que sean más ágiles” indicó el dirigente.

Sin embargo, destacó que antes tenían tenencia y renovación de porte con dificultades para obtenerlos. “Con el actual decreto creo que va a hacer más difícil, ya que han dejado abierto otras medidas para que tome el centro de armas, además se ha debido dejar reglamentado sin incluir al ministerio de salud para que no se preste a negociados y problemas futuros” añadió.

Explicó que, si bien el abigeato es uno de los grandes problemas que ha tenido el sector ganadero, en este momento el robo a las propiedades, a sus bienes y el robo de caballos es lo que más ha aumentado.

Puntualizó que este porte de armas es una medida preventiva y que la mejor defensa es cuidarse uno mismo, no arriesgarse, “el tema de las armas no es que estamos regresando al viejo oeste”.

Carlos Chávez, presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA), coincide en cuanto a que la inseguridad es un tema que está aquejando a todos los sectores del país, sin embargo, recalcó que, el sector agrícola es uno de los más afectados por la ola de delincuencia que se vive.

“Nosotros recorremos grandes cantidades de territorio que no tienen ningún tipo de vigilancia, o de soporte de seguridad. Más bien en el campo, en las pequeñas poblaciones, hay muy pocos efectivos policiales, entonces a nosotros nos toca defendernos de una manera personal, tenemos que estar pendientes de nuestra seguridad y no podemos estar a expensas de que la policía nos cuide o nos guarde” señaló.

Aseguró que desde el sector palmicultor ven con muy buenos ojos las medidas que ha tomado el presidente de la República. Además, resaltó que, si existen buenos controles, esta puede ser una medida disuasiva para la delincuencia.

Para Chávez es de suma importancia que exista un permiso de importación de armas y municiones, para evitar el mercado negro y así garantizar la transparencia, “lo que necesitamos es que todo lo que se utilice sea por medios legales, autorizado por el Estado” agregó.

Franklin Torres, presidente de la Federación de Bananeros del Ecuador (Fenabe), concuerda en cuanto a que el sector agropecuario no cuenta con el respaldo policial necesario, por ello considera que el porte de armas para el sector rural es primordial.

“La situación en el agro es diferente a la de las ciudades y debió haberse permitido desde hace mucho tiempo el porte de armas, como se lo ha hecho para el sector ganadero” indicó.

A pesar de ello, piensa que el problema no radica solo en el porte de armas, sino que es mucho más profundo, y mientras Ecuador continúe la injusticia y el incumplimiento de las leyes, no se podrá tener paz, ya que esta viene dada por el trabajo adecuado, por el salario digno, factores que no se han percibido en el sector bananero.

“El Gobierno no ha atinado realmente a cómo hacer una posición adecuada para que el sector agrícola de alguna forma salga con sus precios justos, yo creo que ese es verdadero problema” acotó.

Torres destacó que cuando la agricultura está bien, el país está bien, ya que esto fomenta la apertura de nuevas plazas de empleo y la industria puede crecer.

Por su parte la Cámara Nacional de Acuacultura, mediante boletín de prensa cuestiona que el Decreto Ejecutivo 707, en el que se reformó el Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos y el Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, no incluyera la autorización de porte y tenencia de armas de largo alcance -calibre 223-, solo para los guardias de las empresas que prestan el servicio de vigilancia y seguridad privada, con el fin de que puedan neutralizar o repeler una acción delincuencial con armamento del mismo calibre, por lo menos, en la modalidad de servicio de seguridad móvil.

Argumenta el documento que la delincuencia organizada porta fusiles y ametralladoras para perpetrar sus delitos contra camaroneros por vías fluviales o terrestres; sin embargo, los custodios del sector apenas pueden emplear pistolas, revólveres y escopetas; lo que los deja en una evidente desventaja de inseguridad y riesgo latente.

Otro tema pendiente, dice la CNA, es que quedó por fuera del Decreto, disponer a las autoridades correspondientes que, de manera inmediata, den todas las facilidades para la importación de armas, sus repuestos y municiones por parte, por lo menos, de las empresas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada, debido a que la empresa estatal encargada no cuenta, actualmente, con el stock suficiente para ofertarlas a personas naturales y jurídicas.

Indica el Boletín que, durante el primer trimestre de 2023, se han registrado 28 eventos delictivos contra el sector camaronero, según estadísticas de la Dirección de Seguridad de la Cámara Nacional de Acuacultura, en el que se detalla: 13 eventos a nivel fluvial y 15 a nivel terrestre, en las provincias de Guayas y El Oro, dejando un número de 22 personas heridas. El perjuicio asciende el medio millón de dólares. Además, el sector invierte anualmente alrededor de 70 millones de dólares en instalar equipos, cámaras de video vigilancia, guardianía privada en turnos rotativos y sistemas de comunicación, entre otros; para hacerle frente a la delincuencia, sin mayores resultados.

Combatir la inseguridad, es prioridad nacional y el sector camaronero reitera su compromiso de sumar esfuerzos contra el crimen organizado, que está mermando la paz de los ecuatorianos.