España: La crisis citrícola va más allá de las importaciones de Sudáfrica

Durante los últimos meses ha sido noticia la gran crisis en el sector de la producción de cítricos, especialmente en naranjas y mandarinas, con precios por debajo de los costes de producción y con plantaciones sin recoger para no añadir más pérdidas a la cuenta de la explotación. No es la primera vez que los cítricos se pagan entre los 5 y los 10 céntimos kilo frente a unos costes mínimos de 15 céntimos, ni que los agricultores dejen en los árboles parte de su producción.

En crisis precedentes, las causas de las mismas se repartían entre los aumentos de la producción, la menor demanda en el resto de la Unión Europea por cuestiones climatológicas, por la presión de la gran distribución y también por las importaciones desde terceros países. En la crisis de este año, el principal argumento y casi el único blanco de las denuncias ha estado en la importación de naranjas y de pequeños cítricos desde Sudáfrica, país al que ya se le tiene también en el disparadero por exportar algunas partidas con diferentes problemas en materia de sanidad vegetal como la mancha negra con los riegos que ello conlleva para el sector. Y, la realidad es que, al margen de las entradas de cítricos procedentes de terceros países, fundamentalmente de Sudáfrica, la crisis va más allá de las exportaciones de ese país al conjunto de la Unión Europea.

Según los datos manejados por Eurostat, la Unión Europea importa anualmente una media de unos 7 millones de toneladas de las que unos 4 millones corresponden a España y 2 millones al conjunto de los terceros países donde a la cabeza se halla Sudáfrica con una media de todas las exportaciones de cítricos, incluidos limones y pomelos entre los años 2013 y 2017 de 658.000 toneladas, seguida de Turquía, Egipto y Argentina con unas 220.000 toneladas cada uno.

En el caso de Sudáfrica, el problema añadido contra los intereses de los productores comunitarios fue la firma del acuerdo con la Unión Europeas que entró en vigor en octubre de 2016 y que supone una reducción progresiva de aranceles para las naranja dulces, para situarse en el 11,68% en 2018, en el 10,24% en 2019, y que desaparecerá en el año 2026 con un precio mínimo de entrada entre el uno de diciembre y el 31 de mayo, al que se aplicaría un arancel específico si se halla por debajo. Los datos oficiales comunitarios en el caso concreto de naranjas y de pequeños cítricos, señalan unas importaciones en el conjunto de la UE entre enero y noviembre que antes de la firma del acuerdo habían llegado a las 523.000 toneladas en 2013, que en 2016 fueron de 519.000 toneladas, de 566.000 2017 y de 593.464 en el mismo periodo en 2018, unas 27.000 toneladas más que en el año anterior. No es el caso por ejemplo, de la invasión del tomate marroquí por volumen y además pro el descontrol en materia de precios de entrada.

Recolección Objetivamente, en un mercado que absorbe al año 7 millones de toneladas de cítricos, de los que unos 4 son españoles, centrarse en Sudáfrica con aumento de 27.000 toneladas, como la causa de todos los males del sectores, sería como ponerse una venda en los ojos, no queriendo asumir que hay un problema, como ha sucedido recientemente en otros productos en el mismo sector de la fruta.

Todo ello asumiendo que los acuerdos con terceros países menos desarrollados han sido y siguen suponiendo una puerta abierta para la entrada de sus materias primas sin todas las exigencias en sanidad, a cambio de abrir sus fronteras a la exportación de la industria comunitaria y cuyos beneficios no se trasladan generalmente al agricultor de ese país.

Pero, en la crisis del sector de los cítricos de este año, habría que tener también en cuenta otros factores. La producción, a pesar de la reducción de la superficie por su falta de rentabilidad, sobre todo en la Comunidad Valenciana, ha registrado un importante incremento hasta unos 7,4 millones de toneladas frente a una media de unos 6,7 millones, situación agravada por una recolección retrasada solapamientos, recolección en muchos casos del producto sin estar en la debidas condiciones de maduración, a lo que se sumó una menor demanda por la buena climatología en el resto de la Unión Europea.

Desde el propio sector habría que preguntarse si han funcionado como podían haberlo hecho las muchas organizaciones de productores que hay; si desde el sector se han utilizado los mecanismos existentes en la PAC para la gestión de crisis que la posibilidad de retirar hasta un 5% de la producción. Es el momento para preguntarse por el uso que pueden tener los programas operativos. Cabe una reflexión sobre el papel que debe jugar o ha jugado la interprofesional en defensa de una política de calidad, de apuntalar una mayor demanda del producto, desde las políticas de presentación a la de contratación.

No se trata simplemente de ser una interprofesional fuerte, sino de querer que funcione el sector. En el caso de los cítricos, y concretamente en esta crisis, no se ha visto a Intercitrus a la altura. A pesar del desmantelamiento de los mecanismos para la regulación de los mercados que han supuesto cada una de las reformas desde la PAC, quedan por ahí algunos instrumentos con posibilidad de utilización.

Las protestas del sector agrario y las denuncias de los partidos políticos de la oposición y más aún desde socios del gobierno en sus convergencias, empujaron a la Administración a la retirada de 50.000 toneladas con un coste de unos 12 millones de euros, aunque hasta la fecha solo se hay cubierto una cuarta parte de ese volumen. Un parche público a presión. Pero, la respuesta en este caso, también en los demás sectores ante un problema similar, siendo ya conscientes de que Bruselas ha desmantelado casi todos los viejos mecanismos regulación y habrá que esperar a los que se recuperen para el futuro, también se halla en el propio sector, más allá de Sudáfrica: organización. Algo fácil de dictaminar, pero de construcción lenta y posiblemente más en una actividad y en un territorio con abundancia de agricultores a tiempo parcial, aunque considerados también como agricultores prioritarios de cara a la nueva reforma de la PAC.