La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo, ANPCA, remitió el día 12 de marzo, a través de sus representantes en Bruselas, FruitsVegetablesEurope (EUCOFEL), un escrito al Comisionado de Agricultura y Desarrollo Rural de la U.E., Phil Hogan y a la Comisionada de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, donde muestra su preocupación por la grave repercusión que puede tener la decisión unilateral del gobierno de Brasil de elevar el arancel al ajo europeo un 19% como represalia a las medidas de salvaguarda adoptadas por la UE contra el acero brasileño.
En este escrito, ANPCA muestra su preocupación ante esta situación debido a la importancia del mercado brasileño para el sector ajero europeo, así como lo importante que es este cultivo social como fijador de población en el medio rural dentro de la política agraria europea.
El pasado 18 de febrero, el gobierno brasileño comunicó a la Organización Mundial del Comercio su intención de elevar los aranceles de entrada a un total de 36 productos europeos importados a su país. Estos nuevos aranceles vienen motivados en respuesta de la aplicación de las medidas de salvaguardia adoptadas por la Unión Europea contra el acero brasileño. Entre estos productos afectados, se encuentra el ajo europeo, al que el gobierno brasileño propone elevar el arancel un 19%. Tras la comunicación a la OMC, Brasil dispone de 30 días para hacer efectivos estos nuevos aranceles.
ANPCA, tuvo conocimiento de esta situación el martes 19 de febrero y desde ese momento, a través de sus representantes en Bruselas, FruitsVegetablesEUROPE, remitió un escrito a D.G Trade y D.G Agri para solicitar una aclaración sobre la situación. En su respuesta, D.G. Trade informó que la decisión del Gobierno de Brasil ha sido recurrida ante la OMC al considerarla totalmente desproporcionada y no ajustada a las reglas de esta institución. Las medidas aplicadas por Brasil se sustentan en el Art. 8.2 del Acuerdo de Salvaguardia y son completamente ilegales ya que no cumplen, entre otros aspectos, con el plazo de 3 años que establece el acuerdo para probar el daño económico de las medidas impuestas por la Comisión.








Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 10 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»