Minas, plantas de tratamiento de agua y hoteles, no han recibido licencia ambiental porque el Gobierno no ha realizado la consulta prelegislativa.
Minas de cobre, plantas de tratamiento de agua, camaroneras e incluso hoteles están a la espera de la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente para iniciar inversiones.
Lo dice José Antonio Dávalos, ministro subrogante de esta Cartera de Estado, en entrevista con PRIMICIAS.
Dávalos explica que el Ministerio no ha emitido las licencias ambientales de 100 proyectos públicos y privados porque todavía no ha concluido la consulta prelegislativa, que es obligatoria por parte del Ejecutivo.
El fin último de la consulta prelegislativa es obtener insumos de la ciudadanía para realizar una reforma al reglamento al Código del Ambiente. Esa reforma específica se refiere al proceso para que las empresas hagan la consulta ambiental en las zonas de influencia del proyecto, que es un requisito para obtener la licencia.
José Dávalos, ministro subrogante del Ministerio de Ambiente.
¿En qué consiste la consulta prelegislativa que impulsa desde este mes el Ministerio?
La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que dijo que la consulta ambiental que se realizaba en Ecuador no cumplía con los criterios que debería. Y ordenó una reforma al reglamento del Código del Ambiente para un nuevo proceso de consulta ambiental. Además, la Corte emitió otra sentencia diciendo que la consulta prelegislativa, que es otro proceso de participación de la ciudadanía en la creación de leyes, no debería ser solo para el poder legislativo, sino también para las normas que emite el Ejecutivo, como lo son los reglamentos.
Por eso, para reformar el reglamento del Código del Ambiente que permita tener un nuevo proceso de consulta ambiental, emitimos el decreto ejecutivo 604.
Es un documento que contiene el instructivo de cómo deben realizar la consulta prelegislativa las instituciones del Ejecutivo.
¿Y por qué se opone la Conaie?
Toda la convulsión política que ha existido en Ecuador ha sido por no escuchar a las minorías, a los pueblos y nacionalidades indígenas. Por eso no encuentro la razón a este reclamo.
Un gobierno finalmente está saliendo a escuchar a los pueblos y nacionalidades indígenas a través de la consulta. ¿No quieren ser escuchados?
¿La urgencia es para poder emitir licencias ambientales para proyectos mineros?
El fin último de la consulta prelegislativa es la reforma al reglamento al Código del Ambiente, que contienen la consulta ambiental que permite al final del día obtener la liciencia.
Y la consulta ambiental es muy importante porque hay más de 100 proyectos y obras que están paralizadas en todo el país, a la espera de recibir una licencia ambiental.
Muchos se han concentrado en que esto es por dar paso a proyectos mineros, pero la realidad es que la consulta ambiental, según lo que exigió la Corte Constitucional, es para todos los procesos de licencia ambiental de proyectos de alto impacto.
¿Qué tipo de proyectos son esos?
Hay obra pública, como plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de alcantarillado. En el sector privado también hay hoteles, camaroneras, haciendas y gasolineras que no pueden avanzar, porque están en zonas de alto impacto, y necesitan la licencia ambiental.
Se está perdiendo dinero y empleo porque no tenemos la consulta ambiental.
Claro, también hay proyectos de extracción, como las concesiones mineras La Plata y Curipamba, que están a la espera de licencias ambientales para la fase de explotación.
Otro proyecto paralizado es una planta de beneficio de minerales, con un sistema que no usa químicos, sino bacterias para obtener el material. Mientras hay oposición a los proyectos mineros legales, crece la minería ilegal. ¿Qué acciones ha tomado el Ministerio?
El verdadero reto es identificar quién está realizando la minería ilegal para sancionar y remediar. Por lo general son grupos armados y personas que son difíciles de encontrar, sobre todo cuando la actividad no está dentro de una concesión.
Cuando la minería ilegal ocurre dentro de concesiones, lo único que podemos hacer es iniciar un proceso sancionatorio contra el titular minero.
Con esto, la empresa debe demostrar que no fue culpable del daño ambiental. Y aunque no hay sanción, debe implementar un plan de restauración del sitio, porque está a su cargo.
¿En qué proyectos concesionados ya ha ocurrido eso?
Esto pasó en una parte de la concesión de la empresa china Terraearth Resources, ubicada en Yutzupino, en la provincia amazónica de Napo, donde hubo irrupción de mineros ilegales.
El Ministerio pidió a la minera que demuestre que no fue la causante de los daños. La empresa nos mostró las denuncias que hicieron a la Fiscalía y a la Agencia de Regulación. Luego se les pidió un plan para remediar los daños y ya lo están ejecutando. El proceso tomará todo 2023.
Y estamos conversando con Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, para aplicar esta misma medida por los daños por la minería ilegal en la Merced de Buenos Aires, en Imbabura.
El problema es que hasta ahora no se puede ingresar a la zona porque continúan ahí los mineros ilegales. Es complicado que la empresa australiana se comprometa a remediar una zona en la que ni siquiera puede ingresar.
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 6 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»