La azucarera Manduvirá, en Paraguay, es un ejemplo de cómo los campesinos mejoran su vida con este modelo.
Esta es una historia sobre justicia. No tiene nada que ver con leyes, sino con explotación y derechos. Con unos campesinos paraguayos que un día decidieron que ya estaba bien de aguantar que les pagasen una miseria por su caña de azúcar, de no decidir sobre producción y venta, de no poder llevar una vida digna con su trabajo. Es una historia sobre comercio justo, sobre lo que hay tras un sello que sirve para que los consumidores sepan que están haciendo una compra comprometida y sobre las vidas que hay detrás de él.
Las bolsas de azúcar que la cooperativa Manduvirá Limitada exporta a Europa tienen impreso un logotipo con las siglas FT (Fair Trade). Es decir, cumple seis criterios fundamentales: los productores reciben un precio justo por su trabajo, cuentan con condiciones laborales dignas y seguras, con comercio directo, pertenecen a organizaciones democráticas y transparentes, cuyos beneficios van destinados al desarrollo social y, todo esto, dentro de una pretendida sostenibilidad medioambiental. O, lo que es lo mismo, significa que Alejandra Godoy puede estudiar contabilidad en la universidad, que Eliodoro Moro recibe un sueldo todos los meses después de 17 años de incertidumbre, que los hijos de Alba Velázquez tienen una beca para material escolar y que Petrona Bernal sabe que si un año la cosecha le va mal puede recurrir a un crédito que la saque adelante a ella y a su familia.
Todo esto sucede en Arroyos y Esteros, un pueblo de unos 20.000 habitantes a 60 kilómetros de Asunción, la capital de Paraguay. Con un pequeño núcleo urbano en torno a una plaza, con su iglesia, su comisaría, su Ayuntamiento y su campo de fútbol, la mayoría de la población está dispersa por el campo, rodeados de plantaciones, sobre todo de caña de azúcar, que es el principal cultivo de estas tierras.
Hasta hace no mucho, un par de empresas se beneficiaban de esta industria: pagaban a los productores lo que consideraban por la caña —solían considerar poco— y la convertían en azúcar. Muchos de ellos eran cooperativistas de Manduvirá, que nació en el año 1975, pero no estaban suficientemente organizados para exigir buenas condiciones y, generalmente, recibían cantidades ridículas por su producción. Ellos se limitaban a llevarla a la fábrica y esperar su compensación, que les ingresaban semanas después. “Siempre había una excusa para pagarnos el precio más bajo”, recuerda Andrés González, que hoy es gerente de la cooperativa.
Todo esto empezó a cambiar a principios de este siglo. Fue el propio González quien encabezó lo que denomina una “revolución dulce”. Primero, se plantaron. Más de 500 productores se negaron a llevar su caña si no les remuneraban mejor. “Hubo nervios, semanas de parálisis, nos tuvimos que ayudar para salir adelante, pero la empresa no podía producir sin nuestra materia prima”, relata. Consiguieron un mejor precio, pero ese solo fue el germen de lo que pasaría después. Se dieron cuenta de que ellos eran dueños de su destino. “El comercio justo nos abrió los ojos”, asegura.
Pero, ¿qué es comercio justo?, ¿quién garantiza que esos seis criterios enumerados al principio se cumplen? Hay varias organizaciones internacionales que se dedican a certificar, mediante auditorías, que las empresas que llevan su sello respetan estos principios. Fair Trade International es la mayor de ellas y bajo su sello se comercializa la grandísima mayoría de estos productos en el mundo. Tras él hay más de un millón y medio de trabajadores de 1.240 productoras con unas ventas de más de 1.000 millones de euros, según su último reporte anual de 2016. Según explica Sergi Corbalán, director ejecutivo de la Oficina de Incidencia de Comercio Justo, el sello nació para que este sistema no quedase confinado a distribuidores especializados y pudiera llegar a las grandes cadenas de comercialización, “lo que es una tendencia en alza”. Esto hace que, por ejemplo, en Reino Unido e Irlanda, el Kit Kat tenga el sello, ya que está hecho con cacao de comercio justo. Obviamente, las materias primas son más caras, pero esta es parte de la gracia. Según un Eurobarómetro de 2016, el 50% de los europeos está dispuesto a pagar más por este tipo de productos, una clasificación encabezada por Luxemburgo y Suecia, con un 80% de los encuestados favorable a hacer esta contribución. Con el sobreprecio se genera lo que llaman una prima o premio (117 millones de euros en 2015), que va parar a los productores para invertirlo como mejor consideren: en mejorar los sistemas de producción, en beneficios sociales, en una remuneración extra a los campesinos… Generalmente es una mezcla de todo esto.








Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 7 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»