La Unión Europea ha aplazado su nueva ley contra la deforestación hasta diciembre de 2026, tras el acuerdo informal entre el Parlamento Europeo y el Consejo.
Esta normativa busca impedir que el consumo europeo de ganado, cacao, café o madera contribuya a la destrucción de bosques.
El pacto entre la Eurocámara y los Estados miembros, alcanzado en la noche del jueves al viernes, prevé también flexibilidades y simplificaciones "para facilitar su aplicación por parte de las empresas, los actores internacionales y los Estados miembros", resumió el Parlamento en un comunicado.
"Normas simplificadas, pero manteniendo una acción firme contra la deforestación mundial. Reglas más simples = una aplicación más eficaz, mayor claridad para las empresas, menos cargas para agricultores y silvicultores, y cadenas de suministro más resilientes y sostenibles", reaccionó en redes sociales la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall.
Revisión en 2026
El acuerdo sobre el Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación, EUDR en jerga comunitaria, incluye también una "cláusula de revisión", de forma que antes de abril de 2026 la Comisión Europea "deberá presentar un informe que evalúe el impacto de la ley y la carga administrativa que representa, en particular para los micro y pequeños operadores".
Ese es uno de los puntos más criticados de la modificación, pues se entiende que supone abrir la puerta a diluir aún más una normativa considerada uno de los estandartes del Pacto Verde Europeo o volver a retrasar su entrada en vigor.
El pacto, que aún tendrá que ser oficialmente confirmado por ambas instituciones, supone ya el segundo aplazamiento a una normativa aprobada inicialmente en 2023.
El reglamento pretende evitar que el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles consumidos en la UE generen deforestación en origen, pues entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo.
Las compañías que importen en la UE esas materias primas deben demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales donde hayan obtenido los recursos.
El primer retraso respondió a que las empresas no habían tenido tiempo suficiente para adaptarse y el segundo se debió inicialmente a un problema informático de la Comisión Europea, que después propuso simplificar las obligaciones para pequeñas firmas y aplazar seis meses el régimen sancionador para aligerar el tratamiento de datos, pero manteniendo su aplicación desde el 30 de noviembre de 2025.
Sin embargo, en su tramitación por el Consejo, las capitales reabrieron el texto, defendieron su retraso generalizado e introdujeron una cláusula de revisión en 2026, medidas criticadas por los ecologistas que también defendió la Eurocámara, con los votos del Partido Popular Europeo y de los grupos de ultraderecha.
Ese resultado parlamentario fue fruto del fracaso de las negociaciones entre populares, socialdemócratas, liberales y verdes para pactar una postura común.
La normativa, en su forma más exigente, había suscitado críticas de la Administración estadounidense de Donald Trump y de varios países productores, aunque contaba con el respaldo de grandes empresas chocolateras, la comunidad científica y organizaciones ecologistas.
La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, calificó como "chantaje" el resultado de un escrutinio que supuso la segunda vez en pocas semanas en que los partidos de extrema derecha y los democristianos unían fuerzas para rebajar una normativa medioambiental y alteró, por procedimiento de urgencia, el contenido esencial de la normativa contra la deforestación.
Modificaciones
El acuerdo final alcanzado este jueves recoge que "todas las empresas dispondrán de un año adicional para cumplir las nuevas normas de la UE destinadas a prevenir la deforestación", señaló el Parlamento Europeo.
Los grandes operadores y comerciantes deberán aplicar la regulación a partir del 30 de diciembre de 2026, y los pequeños operadores (particulares y micro o pequeñas empresas) a partir del 30 de junio de 2027.
"Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema, el Parlamento introdujo una obligación para que las autoridades competentes compartan información relativa a errores técnicos o interrupciones importantes que se produzcan en el sistema de información", agregó la Eurocámara.
El pacto también contempla que la responsabilidad de presentar una declaración de diligencia debida debe recaer en las empresas que introducen por primera vez un producto afectado en el mercado europeo, y no en los operadores y comerciantes que lo comercializan posteriormente.
Además, se reducen las obligaciones para los micro o pequeños operadores primarios, que solo tendrán que presentar una declaración simplificada única, y deja exentos los productos impresos.
PUBLICADO POR EFEAGRO
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 9 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»