Las Alianzas Público-Privadas no despegan

La falta de promoción y de un ente que ejecute estanca la realización de nuevos proyectos que aliviarían las finanzas públicas.

Yilport. La empresa turca firmó por 50 años un contrato para administrar el Puerto Bolívar. La inversión prevista es de $ 750 millones. (Internet y cortesía)

Acaba de cumplir dos años de estar en vigencia, pero la ley que busca impulsar y oficializar una relación entre el Estado y la empresa privada aún no llega a consumarse. Los contratos suscritos de forma conjunta y las áreas donde algunos proyectos se desarrollan se cuentan con los dedos. La falta de promoción y ciertas restricciones que se establecen en la norma no facilitan el camino para el arribo de nuevas inversiones.

En un momento en el que el Estado prevé reducir su desembolso en inversión (se prevén $ 1.000 millones menos en el presupuesto de este año) y en que los municipios continúan demostrando debilidad financiera para ejecutar grandes obras locales, las Alianzas Públicas-Privadas (APP) serían una alternativa. No obstante, esta metodología que permite al Estado ejecutar obra pública con ayuda de capital privado no termina de arrancar. Pese a los incentivos que ofrece para atraer a inversionistas, sus principales resultados se circunscriben a la firma de contratos para operar y construir 3 terminales portuarias, una autopista y proyectos urbanísticos, la mayoría de ellos aún a la espera de un inversor.

Marcelo Bodero, socio de la firma asesora M.Bodero & Asociados, explica que no solo se está mal aprovechando las APP, sino otros instrumentos legales menores que en el país permiten que las empresas puedan ejecutar obras públicas, sin que el Estado pierda sus competencias. Y esto, dice, se da por una falta de difusión y promoción que llegó a agravarse el año pasado, tras la eliminación del Ministerio Coordinador de la Producción, ente que presidía el Comité Interinstitucional que orientaba este tipo de alianzas y que hoy, dice Bodero, no funciona. “Ahora este Comité se ha vuelto sectorial, actúa dependiendo del tipo de competencia pública. Por ejemplo, si el proyecto es vial, entonces interviene el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, pero eso es malo porque crea una dispersión. El inversionista no sabe con quién tratar y eso, además de toparse con una normativa compleja, hace que cualquier trámite se complique”, dice.

La falta de un ente rector dificulta también el acceso a la información y con ello conocer las nuevas propuestas que a nivel nacional se estarían negociando. Este Diario intentó hablar con autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la Secretaría Nacional de Planificación para conocer los avances en este tema, pero no hubo respuesta.

Quien sí respondió fue Eva García, ministra de Industrias y Productividad, ente que desde octubre del año pasado, a través de un decreto ejecutivo asumió la competencia de promover este tipo de alianzas en el sector industrial. El proceso, dice García, está ya en etapa de promoción. Establecer este tipo de alianzas que buscan encaminar pequeños y grandes proyectos bajo inversión privada, “demanda tiempo”. Solo esta cartera de Estado, dice, maneja casi $ 1.000 millones en proyectos, de los cuales $ 562 millones están en proceso de suscribirse. García aclara que estos proyectos, que incluyen obras como la construcción del Astillero de Posorja, se ejecutarán bajo inversión directa; no obstante, no descarta que los $ 230 millones de contratos que están en análisis y otros $ 179 millones de propuestas presentadas puedan firmarse bajo una alianza entre el Gobierno y empresas. En este grupo se apunta la posible construcción de plantas como las de pulpa de papel y de aluminio.

Las autoridades están convencidas de que los incentivos que se ofrecen, como la exención del Impuesto a la Renta hasta por 10 años, o tributos como el Impuesto a la Salida de Divisas y el pago de tasas y aranceles, son suficientes para lograr atraer la inversión privada. Así también lo cree Bodero; no obstante, considera que para que la inversión arribe no solo se requiere de mayor promoción, sino de un cambio en la ley que le permita un mayor campo de acción.

Menciona como un limitante la prohibición de poder firmar contratos APP en proyectos que estén dentro de los sectores estratégicos. Esto, explica, impide que empresas puedan aliarse con los municipios para construir ciertas obras o proveer de manera más eficiente servicios básicos, como agua potable y alcantarillado. “La gran mayoría (con excepción de Guayaquil y Samborondón) está ofreciendo este servicio a través de empresas públicas que se dedican a pedir préstamos al Banco de Desarrollo para extender la red de servicio, pero pregúntense cómo funcionan: Como operación casi todas generan pérdidas”.

En un contexto de escasez de recursos, concuerda Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción, el Gobierno debería esforzarse para fomentar la participación de la empresa privada con leyes como estas que ofrecen una seguridad jurídica. Eso, junto a un mejor ambiente político, garantizaría el arribo de capitales que el país tanto necesita.

Una fuente poco explotada

Ciertos municipios han empezado a asesorarse. Ven en las alianzas una opción viable para poder ejecutar proyectos, que normalmente no podrían costear con sus presupuestos.

Es el caso del Municipio de Portoviejo, que en diciembre pasado logró aprobar su primer contrato con la promotora Stvecon S.A. para construir 205 viviendas de un total de 2.200 que se levantarían en un proyecto urbanístico de 80 hectáreas. Jorge Carvajal, gerente de la Empresa Pública Municipal de este cantón, dice que la inversión total es de $ 80 millones. Las primeras casas empezaron a construirse (foto). Se espera la participación de al menos unas 10 inmobiliarias. El Municipio de Milagro intenta seguir el mismo camino para poder construir su terminal terrestre, una obra proyectada desde el 2011.