Lenín Moreno convoca a consulta y ahora plazo es para CNE

Quito - Catorce días tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) para convocar a la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno, mediante los decretos ejecutivos 229 y 230.

Al mediodía de ayer, Moreno envió al CNE a su secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, para ?entregar su decisión de convocar a ?una ?consulta de siete preguntas? (cinco de reforma constitucional y dos de consulta), una vez que la Corte Constitucional (CC) no calificó su constitucionalidad.

La abogada llegó con ?la vicepresidenta de la República (e), María Alejandra Vicuña; el secretario de Carondelet, Eduardo Mangas, y los ministros Rossana Alvarado, Lady Zúñiga, ?Tarcisio ?Granizo, Javier Córdoba, quienes ?gestionan las áreas involucradas con ?el plebiscito.

No los recibió ning?uno de los cinco consejeros electorales, sino el secretario del Consejo, Fausto? Holguín. Desde ese momento empezaron a correr los plazos establecidos en el artículo 184 del Código de la Democracia: 15 días para convocar y 60 para hacer los comicios.

Moreno justificó que le asiste “el derecho del pueblo, y porque me ampara el art. 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales he enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular. ¡Vamos por un SÍ rotundo!”, escribió en Twitter.

Su decisión se habría concretado la noche del martes, en diálogos? entre altos funcionarios del Ejecutivo y del CNE, pues habían conocido que una mayoría de jueces de la CC darían un voto negativo a la constitucionalidad –sobre todo– de las reformas relacionadas con eliminar la reelección indefinida y reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC).

Pero Pesántez aseguró que a la Corte se le agotaron los 20 días de plazo que tenía para dar su dictamen, según el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. El Gobierno contabiliza los plazos desde el 5 de octubre pasado, cuando los magistrados conocieron en su pleno el contenido de la propuesta, remitida el 2 de octubre. “Han transcurrido en demasía los 20 días. El dictamen se considera favorable. Así que lo que la Corte realice ya no tiene validez”.

Quienes se oponen a este mecanismo ya anuncian acciones. El vocal del CPC Edwin Jarrín prevé presentar una demanda de inconstitucionalidad a los decretos, y pedir medidas cautelares para que el CNE no tramite la consulta.

El expresidente Rafael Correa anunció que Alianza PAIS apelará la convocatoria. “Es un golpe de Estado”.

Dijo que “nadie está dudando de la capacidad del presidente de convocar a una consulta, yo lo hice cuatro veces, pero siempre adscrito al plan de gobierno presentado y ordenado por el pueblo en las urnas...”. Agregó que si bien “el presidente tiene la atribución para mandar un decreto para que el CNE convoque directamente la consulta sin que pase por el control constitucional”, su crítica era por la explicación de que han vencido los plazos. “Los plazos vencen la próxima semana”. (I)

Argumentos de los decretos ejecutivos

Plazo terminado La Presidencia de la República envió el proyecto de enmiendas a la Corte el 2 de octubre. Alega que ya pasaron en demasía los 20 días de plazo sin respuesta y se acoge al artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de que pasado ese tiempo se entiende que el dictamen sobre las siete preguntas es favorable.

Precedente en 2011 El Decreto Ejecutivo indica como uno de los considerandos que ya se actuó así en el 2011 cuando el entonces mandatario Rafael Correa convocó a consulta para La Concordia porque la Corte no se pronunció en los 20 días de plazo. El pedido de esa consulta se realizó el 19 de octubre del 2011 y el decreto de convocatoria el 28 de noviembre de ese año.

Sanciones Lenín Moreno pide notificar al contralor del Estado para que proceda, de ser el caso, a imponer las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, individualizando las responsabilidades correspondientes, como lo establece el último inciso del artículo 105 de esa ley que indica que la omisión de la Corte dará lugar a sanciones.