Sector agropecuario cansado de la inseguridad pide agilidad en el trámite para porte de armas

Los índices delincuenciales continúan creciendo en el país, esta situación ha afectado a toda la población ecuatoriana, quienes enfrentan diariamente la inseguridad en las calles, así como en las zonas rurales de Ecuador.

Frente a esto, el actual Gobierno ha tomado medidas como la constante declaratoria de estados de excepción en el territorio, así como la autorización de la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal instaurada en abril de este año, medida que se esperaba que sea una solución a la problemática, sobre todo para el agro ecuatoriano quienes se exponen a múltiples amenazas a su integridad diariamente.

Pese a esto, José Antonio Camposano, quien es presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), subrayó que la medida del libre porte de armas no ha beneficiado al sector camaronero, ya que existen muchas limitaciones para poder adquirir estas armas.

Añadió que la portabilidad de armas debería permitirse en todas las provincias en donde opera la actividad, “es decir que, si la actividad camaronera opera en 5 provincias del país, automáticamente su porte de armas está autorizado para esas 5 provincias. Al momento el porte de armas se circunscribe en la provincia en la que aplica, si aplica en Guayas es solamente para Guayas, son dificultades que nosotros hemos hecho notar”, acotó.

El dirigente sostuvo que también se debe revisar el reglamento para las empresas de seguridad, con el fin de que las mismas puedan portar armas del calibre que requieren, ya que actualmente en Ecuador se permite portar pistolas hasta el calibre 9mm, semi automáticas, con alimentadores de hasta 10 proyectiles, revólveres hasta el calibre 38 y escopetas recortadas del calibre 10 al 410 o sus equivalentes.

Además, el representante de la CNA solicitó que “la emisión de dicho permiso no tome entre 10 y 12 meses, como sucede hoy, sino que se pueda emitir un permiso en un menor tiempo, 60 días, máximo 90 días, para que esa arma pueda entrar realmente en operación, porque si no lo que tenemos es una larga fila de armas que se adquieren, sin embargo, no tienen dicho permiso y, por tanto, no pueden entrar a operar”, manifestó Camposano.

Concluyó indicando que como medida complementaria para la lucha contra la inseguridad han propuesto que se declare un estado de excepción en varias provincias del país, sin embargo, la misma no debería quedar solamente como un decreto, sino que debe venir acompañada de una masiva presencia de las fuerzas militares en el país, “y al existir esa presencia de fuerza pública haya algún tipo de disuasión ante la delincuencia que al día de hoy está totalmente imparable.”

Por su parte, Enrique Baquerizo, gerente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, coincide con lo expresado por Camposano en cuanto a los permisos para el porte de armas, asegurando que hasta el momento no se ha emitido ninguna autorización y tampoco se han renovado, “porque dentro de la normativa que puso el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para poder acceder a la renovación de permisos o los permisos por primera vez, hay muchas cosas que no se están ejecutando”, sostuvo.

Asimismo, hizo hincapié en que esta limitación de los permisos se ha venido dando desde hace varios años atrás para el sector ganadero, provocando que la inseguridad migre a las zonas rurales y los productores no se puedan defender.

“El país vive en una inseguridad tremenda y a la ciudadanía nos tienen amarrados de manos”, aseveró.