Las reformas laborales anunciadas por el presidente de la República, Rafael Correa, en el último enlace ciudadano, despiertan el interés de varios sectores. Para algunos representantes consultados la propuesta es coherente con la situación que vive el país.
La premisa es proteger el empleo en tiempos difíciles. De ahí que las propuestas, sobre todo la de ajustar la jornada laboral, son de carácter temporal y no obligatorio. Es decir, que se aplicará cuando las empresas atraviesen un mal momento y con acuerdo con los trabajadores.
Para Oswaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el paquete de medidas es “una solución efectiva para evitar el desempleo en épocas difíciles”.
Reprochó la actitud de otras agrupaciones sindicales que aseguran que la propuesta vulnera los derechos de los trabajadores. Al menos esa es la postura de Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), quien afirmó que al modificar la jornada laboral se estaría violentando el Código de Trabajo, se perdería “continuidad en la Seguridad Social” y se pondría en riesgo el pago de horas extras.
Aunque el Ejecutivo aún no remite a la Asamblea Nacional el proyecto de ley urgente, Luis Fernando Torres, asambleísta de CREO, afirmó que la flexibilización laboral “es un paso importante en esta difícil situación económica para que puedan incorporarse más personas a puestos de trabajo”.
Sin embargo, considera que la flexibilidad debió estar contemplada hace tiempo en la legislación laboral ecuatoriana.
Por su parte, Fausto Cayambe (AP), presidente de la Comisión de los Derechos del Trabajador, explicó que las medidas planteadas por el Ejecutivo son “alternativas frente a las circunstancias económicas que, por efectos externos, vive Ecuador”.
Cayambe puntualizó que son “medidas temporales” para salir a flote en medio de la coyuntura que se atraviesa. Recuerda que el contrato por hora y la tercerización están prohibidos por la Constitución.
La comisión espera recibir el texto oficial la próxima semana para evaluar las alternativas expuestas, conforme dijo el presidente Correa. Para el legislador, el seguro de desempleo y el primer empleo para los jóvenes son opciones viables.
Respecto al contrato juvenil, la propuesta, orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años sin experiencia previa, es que el Estado cubrirá el aporte al Seguro Social que le correspondería al patrono (11,15% del salario básico unificado) -es decir, $ 40-. “Si gana más, esa parte adicional la tendrá que cubrir el empleador”, advirtió el Presidente, al tiempo de mencionar que se analizan las formas de financiamiento.
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 6 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»