Solicitaron revisión a concesión de Puerto Bolívar

Carlos Falquez Batallas, asambleísta por el Partido Social Cristiano y exalcalde de Machala, solicitó ayer en Guayaquil a la Contraloría General del Estado que realice un “examen especial al procedimiento precontractual y a la ejecución del contrato bajo la modalidad de alianza público-privada” entre el gobierno del expresidente Rafael Correa, la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y la empresa turca Yilport.

La firma turca se hizo cargo de la terminal marítima de Puerto Bolívar (El Oro) por 50 años, desde el 8 de agosto del 2016, y en las últimas semanas ha sido el blanco de críticas y reclamos por parte del sector bananero de la provincia de El Oro por el anuncio de incrementar de $ 0,15 a $ 0,24, en el 2018, la tasa que se cobra por el uso del puerto por cada caja de banano, y a $ 0,28 para el 2019.

La acción de Falquez Batallas ocurre doce días después de una reunión en la que el Gobierno, a través del secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, y del ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, receptara en Machala las quejas de los productores, exportadores y dirigentes de otros sectores de la cadena del banano de la provincia y se anunciara la decisión de que se revisaría el contrato de concesión entre Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y Yilport.

Entre los argumentos expuestos en el pedido del asambleísta se señala que la concesión “se realizó sin la debida socialización”. Y explica que “una estructura como la terminal marítima de Puerto Bolívar, parte sustancial de la economía orense, no puede concesionarse sin justificar previamente su conveniencia…”.

Agrega que existe riesgo para la estabilidad laboral de los trabajadores debido al incremento que plantea Yilport, que según Falquez, provocará un colapso en el sector bananero.

“No somos opuestos bajo ninguna circunstancia a la inversión privada, cuando estas son convenientes y no lesionan los intereses de nuestro pueblo, este no es el caso de Yilport”, sostuvo el asambleísta, quien tenía previsto ser recibido por María del Carmen Estupiñán, directora de la Dirección General 1 de la Contraloría.