Mauro Andino, titular de la Senae, dijo que sí existe prestación de servicios y que el Gobierno analizará eliminar la medida si se alcanza la modernización de la Aduana.
El fallo final sobre la aplicación de la tasa de control aduanero podría conocerse hasta dentro de los próximos 45 días, tiempo máximo del que puede disponer la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para pronunciarse sobre el recurso de reconsideración presentado por Ecuador.
Mauro Andino, director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), dijo a EL TELÉGRAFO que existen inconsistencias conceptuales y procesales en la resolución 1999.
Mencionó que el Gobierno está “presto a seguir revisando” el mecanismo.
De hecho recordó que se trata de un proyecto de modernización de la Aduana con una línea de tiempo establecida que consideraría el retiro de la medida.
“Una vez que podamos poner al nivel de lo que queremos estos servicios podríamos ir viendo cómo se va eliminando”, manifestó.
Pero aclaró que dichos servicios deben mantenerse, por lo que la tasa podría ser reemplazada por “otro tipo de recursos” e incluso acciones con el sector privado.
El país sustentó a la CAN la vigencia del instrumento como un mecanismo que permite la implementación y mantenimiento de servicios que mejoran la atención aduanera, por lo que su eliminación “causará un perjuicio irreparable”.
Andino insistió en que facilita y acelera procedimientos en las importaciones y negó efectos nocivos. Por el contrario, señaló que en el último trimestre las importaciones de Colombia y Perú se han incrementado en 24% y 13%, respectivamente. A inicios del año los dos países presentaron quejas ante el organismo. El 20 de abril, mediante la resolución 1999, el ente calificó a la tasa como gravamen y ordenó su retiro.
Que la CAN haya suspendido temporalmente los efectos de esa decisión, a través de la resolución 2002, no implica que dio la razón al gobierno ecuatoriano en cuanto a la legalidad de la tasa, explicó Javier Bustos, experto en tributación.
“De lo que se trata es que abrió un espacio para analizar los elementos de descargo”, agregó Bustos, quien sostuvo que sí constituye un impuesto (gravamen), pues no brinda un servicio directo específico y, por otro lado, existe discrecionalidad del Senae en el cobro de la tarifa.
Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), aseguró que se está infringiendo el derecho tributario porque no hay una contraprestación de servicios. “Solo tiene fines recaudatorios”.
La Cámara Nacional del Calzado (Caltu) apoya mantener la tasa porque atribuye beneficios para la industria local, tanto en procesos como en el combate al contrabando.
“Aquí debe haber corresponsabilidad de la empresa privada”, manifestó Lilia Villavicencio, presidenta del gremio.
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«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»