Hace tres meses Hugo Mejía olvidó su token -dispositivo criptográfico donde se almacena la firma electrónica en forma de pen drive- por la urgencia de llegar a casa tras el anuncio de la cuarentena por COVID-19, en marzo pasado.
Días después sintió la necesidad de usarla para facturar y como no podía ir a la oficina adquirió otra, pero como persona natural. La anterior era como persona jurídica. "Me tocó hacer un video enseñando mi cédula (a los proveedores) y lo saqué en dos días y me pasaron a un archivo la firma", comenta.
Mejía es gerente general de Expertos Fiscales y dice que este mecanismo lo salvó para realizar trámites.
La emisión de esta firma electrónica incrementó al doble, durante la pandemia, según Eduardo Raad, gerente de Datil, empresa que desarrolla software para facturación electrónica.
"Se ha incrementado el doble en cuanto a facturación electrónica y se ha solicitado para actividades como firma de contrato, trámites de Servicio de Rentas Internas (SRI), incluso muchas personas pidieron esa firma para activar el RUC", menciona.
En Ecuador, la firma electrónica se encuentra regulada mediante la Ley de Comercio Electrónico y su reglamentación, desde el 2002, por el Código Orgánico de Comercio y por resoluciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
El Banco Central, Registro Civil, Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S. A., el Consejo de la Judicatura y Anfac (Autoridad de Certificación Ecuador C. A.) son las instituciones autorizadas por Arcotel para brindar el servicio de firma electrónica.
El Registro Civil registra 17 001 emisiones de firma en token y en archivo del 20 de marzo al 16 de junio. Y en lo que va del año suman 34 200 emisiones, 2000 más que en el 2019.
Vicente Taiano, director del Registro Civil, indica que en junio aumentó más del 185 % los requerimientos en comparación de marzo, abril o mayo que llegó hasta a un máximo del 90 %.
"En quince días tener 6208 es un número importante que nos muestra que la tendencia va a ir creciendo y eso permite que la ciudadanía no se mueva y vaya confiando un poco más en los trámites en línea", asevera.
Erika Antón, asesora empresarial en Comercio Exterior y Aduanas, dice que el uso de este mecanismo es sencillo y con la pandemia se disminuye la posibilidad de más contagios.
"Se evitan reuniones masivas, el contacto físico. Ha sido necesario aumentar la incorporación del uso de firmas electrónicas en muchos tipos de trámites. La gente ha visto que hay una necesidad que puede ser cubierta a través de este dispositivo", indica.
Esa necesidad la sintió Mónica Zavala, en abril pasado. Ella fue contactada por una inmobiliaria para firmar la compraventa en una notaría.
Dice que no estuvo de acuerdo con el sitio asignado porque no se analizaron los riesgos. "Me dijeron que vaya a firmar al norte de Guayaquil y yo vivo en el sur, no tengo carro y me tocó buscar transporte, al llegar me dijeron que no me tenían agendada. Ese día hicieron que vuelva en la tarde y al fin se firmó", cuenta y menciona que si los procesos fueran digitalmente hubiese adquirido la firma y evitado "el mal momento".
El pasado 9 de junio, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Constructores Positivos, la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) y el Colegio de Arquitectos del Ecuador entregaron una propuesta de reglamento para el uso de la firma electrónica al Consejo de la Judicatura.
La propuesta plantea a los notarios el uso de firmas y contratos electrónicos. Según el gremio, los medios digitales darán dinamismo en trámites como: contratos de hipoteca, compraventa de bienes inmuebles, contratos de prenda, contratos de servicios básicos, de prestación de servicio bancario y telefonía celular. Y se excluye más de 20 diligencias, entre ellas, testamento y divorcios.
"Se demanda urgentemente que los trámites sean automatizados, las notarías tienen que ir a la transformación digital que ya lleva años", dice Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos.
En la Ley de Apoyo Humanitario se otorgan 15 días para que el Consejo de la Judicatura determine en qué procesos es obligatoria la comparecencia física y cuáles pueden ser telemáticos. Además, dispone 60 días para la interconexión entre las notarías y los registros Mercantil y de la Propiedad, así como entre todas las entidades que poseen información que facilite los procesos notariales.
Jaime Rumbea, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apive), indica que existe “resistencia” en las notarías para implementar procesos de firma electrónica.
"No puede haber funcionarios que se resistan a la modernización y en condiciones de pandemia, no tiene sentido hacer que la gente se mueva", dice. (I)
¿Qué es?
La firma electrónica es un registro que está dentro de una base de datos a efectos que pueda ser identificada y se reconozca su responsabilidad. Tiene igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita; de igual forma será admitida como prueba en juicio, según la Ley de Comercio Electrónico.
Presentación
Los certificados de firma electrónica pueden ser obtenidos en token, que es un dispositivo criptográfico de alta seguridad, donde se almacena la firma electrónica; o en archivo que suele ser usado para procesos de firma masiva y están en un software específico.
Procedimiento
De acuerdo con la asesora comercial Erika Antón primero se deben verificar las entidades proveedores de firma electrónica. Se puede revisar en Arcotel. Luego, ingresar a la página web del proveedor y acceder al formulario. Llenar los datos y especificar si es como persona natural o jurídica. Después se comunican con el usuario para ejecutar el pago. Finalmente se retira el token o se envía el archivo, según la forma en que se requirió la firma.
Este procedimiento puede empezar o culminar en línea, de acuerdo con la solicitud. Si es con el token, este dispositivo se retira presencialmente.
Recomendaciones
Tener el mismo cuidado como una cédula de identidad, recomienda Antón. No dar el token o archivo a terceros para hacer algún tipo de gestión. En casos de robo, se realiza el reporte con el proveedor y en el Banco Central.
Costos
Las firmas electrónicas tienen un costo de entre $20 y $50 al año, dependiendo el certificador y el tiempo en el que se contrate el servicio. Para el uso correcto de firma electrónica se requiere de un ordenador y dependiendo del proveedor el sistema operativo Windows o IOS.
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 6 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»